El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes al Congreso que le confiera una mayor autoridad para gestionar la prisión militar de la base de Guantánamo (Cuba), que Washington abrió en 2002 para encerrar a sospechosos de terrorismo.
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Biden formuló su petición en un comunicado en el que expresó su rechazo a algunas de las provisiones del presupuesto de defensa para el año 2022, valorado en 768.000 millones dólares, y que refleja la nueva política de Washington para dejar atrás Afganistán y centrar sus esfuerzos en China y Rusia.
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Ese presupuesto, contenido en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés), incluye desde hace años restricciones a la transferencia de presos de Guantánamo a otros países o a territorio estadounidense, lo que obstaculiza directamente el objetivo de Biden de cerrar esa cárcel.
“Insto al Congreso a eliminar esas restricciones tan pronto como sea posible”, exigió Biden en el comunicado.
Pese a los desacuerdos, el mandatario firmó este lunes esa legislación, que incluye 24.000 millones de dólares más de los que había solicitado al Congreso y supone un crecimiento del 5% en el presupuesto de defensa con respecto al año anterior.
Biden ha dicho que quiere cerrar Guantánamo, pero ha adoptado un enfoque más discreto que Barack Obama (2009-2017), quien no pudo clausurar esa prisión y se tuvo que contentar con reducir la población carcelaria mediante trasferencias a terceros países.
En 2015, Obama llegó a amenazar con vetar la Ley de Autorización de Defensa Nacional por las cláusulas que contenía sobre Guantánamo, pero finalmente la firmó.
Actualmente, hay 39 detenidos en Guantánamo, lejos de los 780 que llegaron a pasar por sus instalaciones desde que George W. Bush (2001-2009) la abriera en 2002.
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