Trump da marcha atrás al despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades: los reveses y desafíos con los que se topó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que abandonará temporalmente sus planes de despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland en medio de una constante impugnación judicial en torno a estas medidas.

“Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen fue ampliamente reducido gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades y únicamente por esa razón”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

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El líder del Partido Republicano aseguró que era altamente probable que la fuerza de reserva estadounidense sea desplegada nuevamente “quizás de una forma diferente y más fuerte, cuando la delincuencia vuelva a dispararse”, indicando que esto era “solo cuestión de tiempo”.

El mandatario norteamericano había enviado efectivos militares a las mencionadas urbes argumentando que ello tenía como fin la lucha contra la delincuencia y la inmigración ilegal. Desde setiembre del 2025 Trump aseguraba que Chicago era “la ciudad más peligrosa del mundo”, empleando argumentos similares para los otros centros urbanos en los que hizo operar a la Guardia Nacional.

INTERVENCIONES POLÉMICAS

Además de generar un fuerte rechazo entre las autoridades y parte importante de la población de los municipios intervenidos, la medida de Trump había generado gran polémica debido a un posible caso de extralimitación de sus competencias, pues cada guardia nacional estatal frecuentemente se encuentra bajo la jurisdicción de los gobernadores.

A lo anterior se añaden cuestionamientos al presidente de EE.UU. sobre la instrumentalización política de la Guardia Nacional contra sus rivales políticos, debido a que las ciudades en las que intervino esta fuerza eran gobernadas por el Partido Demócrata.

El jefe de gobierno frecuentemente argumentaba que estas ciudades eran “las más peligrosas” del país, aunque en la mayoría de los casos —salvo excepciones como Memphis (Tennessee)— los reportes de criminalidad contradecían esas afirmaciones.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago declaraba a inicios se setiembre, que rechazaba de plano cualquier intervención de tropas en su ciudad y afirmaba que él y sus ciudadanos “iban a defender su democracia”, indicando que había ordenado a la policía local no colaborar con los agentes de la milicia.

JB Pritzker, gobernador de Illinois, fue también muy crítico con Trump y ambos tuvieron fuertes cruces verbales. Mientras que Pritzker calificaba al presidente de “aspirante a dictador”, este le dijo al jefe estatal que “necesitaba ayuda desesperadamente, solo que todavía no lo sabía”.

Gavin Newson, gobernador de California, también ha sido uno de los que más severamente ha cuestionado el uso de la Guardia Nacional afirmando que las intervenciones sobre Los Ángeles y otras ciudades eran un “ataque a la democracia” y que vulneraban la soberanía de los gobiernos estatales.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles y blanco frecuente de los cuestionamientos de Trump, ha sido una firme opositora del despliegue de militares señalando que la intervención de estos en medio de las protestas de junio del año pasado únicamente contribuyó al enrarecimiento del ambiente. La burgomaestre comentaba que no estaba dispuesta a permitir la “militarización de las calles” de su ciudad.

LOS TRES CASOS MÁS SONADOS

Los Ángeles

En junio del 2025 Donald Trump anunció el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante las protestas y disturbios que vivía la ciudad californiana como respuesta a los operativos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente acusó a la alcaldesa y otras autoridades de interferir con las autoridades migratorias, agregando que buscaba poner fin a los "incidentes violentos y saqueos”.

En los momentos más complicados de dicha intervención se registraron choques violentos entre manifestantes y efectivos militares, que recurrieron al uso de gases lacrimógenos, e incluso se reportó el uso de perdigones de goma. Hubo toques de queda, cierres de autopista y destrucción de bienes.

El 10 de diciembre un tribunal federal encabezado por el juez Charles Breyer dictaminó que el despliegue había sido ilegal, debido a que Trump había llevado al ámbito federal a la Guardia Nacional sin mediación del gobernador de California. El magistrado indicó que la medida había violado la legislación vigente, que establecía límites marcados para el uso de militares en labores de orden público y civil.

Chicago

El mandatario estadounidense ordenó que la Guardia Nacional interviniera en la ciudad más grande de Illinois para combatir una “ola de criminalidad” que se estaba haciendo “incontrolable”, apuntando a las autoridades demócratas como incapaces de contener el “caos”.

Trump argumentaba que el alcalde de la ciudad y el gobernador fomentaban el impedimento de las actividades de los oficiales del ICE. Los militares desplegados se encargarían de proteger a los agentes y propiedad federal de posibles protestas violentas o el impedimento de sus labores de control migratorio.

A diferencia de Los Ángeles, la Guardia Nacional actuó esencialmente como medio disuasorio y de apoyo, aunque los críticos de su presencia consideraron que fueron un actor de segundo orden en labores destinadas a oficiales civiles.

El 23 de diciembre del año pasado la Corte Suprema resolvió que Trump no tenía facultades para federalizar a la Guardia Nacional de Illinois contra la voluntad expresa del gobernador de dicho estado.

Portland

Donald Trump anunció a fines de setiembre del 2025 que ordenó la movilización de los militares a Portland, sosteniendo que la ciudad vivía un estado de “guerra” y “rebelión” contra la autoridad, justificando la medida en su intención de salvaguardar los bienes federales y el marco operativo del ICE.

La noticia encontró la respuesta negativa de la gobernadora del estado de Oregon, Tina Kotek, quien afirmó que “el presidente no tenía información correcta” y que la urbe estaba lejos de la descripción del gobernante de EE.UU.

La Guardia Nacional no llegó a operar como en Los Ángeles o Chicago debido a que se impidió su despliegue completo por la vía judicial. Un tribunal federal determinó el 4 de octubre que se bloquease la orden de Trump, aunque el presidente buscó sortear la medida recurriendo a las unidades de la Guardia Nacional en otros estados. De cualquier manera, las operaciones de los militares en Portland fueron mínimas.

Un mes más tarde, la jueza Karin Immergut ordenó de forma definitiva la suspensión del envío de tropas bajo el argumento de que Trump había excedido su margen de operación y que buscaba emplear la “ley marcial” en un ámbito estrictamente civil, a la vez que rechazaba los alegatos acerca de una rebelión por parte del presidente.

OTROS OBJETIVOS DEL DESPLIEGUE

Washington D. C. es el caso de intervención más directa, debido a que Donald Trump recurrió a la Ley de Autonomía de la capital estadounidense para el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y el control de la policía local en agosto del 2025. El mandatario sostuvo que se trataba de “una de las ciudades más peligrosas del país e incluso del mundo”, por lo que buscaba combatir la delincuencia.

El jefe de Estado también envió militares a Memphis en el 2025 señalando que apoyarían a la policía en su labor contra grupos delictivos. La situación de esta ciudad era particularmente compleja, pues se trata de una localidad con autoridades provenientes del Partido Demócrata ubicada en Tennessee, estado marcadamente republicano, lo que dio mayor margen operativo a Trump.

Nueva Orleans es uno de los centros urbanos sobre los que se ha ordenado más recientemente el despliegue de la Guardia Nacional. La orden de movilización de tropas se produjo el pasado mes de diciembre y desde entonces han llevado a cabo labores de vigilancia de inmuebles de propiedad federal. La situación judicial en torno a la presencia de militares todavía no ha sido resuelta.

Otras localidades como Nueva York o San Francisco siguen en el punto de mira de Donald Trump, pero todavía no han visto la llegada de tropas a sus calles. En estos casos el argumento es nuevamente la facilitación de las operaciones de las autoridades migratorias, aunque para San Francisco también se ha señalado la crisis del fentanilo como una causa para la movilización de la Guardia Nacional. Sobre esta última ciudad ya hay un plan de despliegue que se encuentra bloqueado judicialmente.

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