La ONU advirtió el martes del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Daniel Ortega.
“Las autoridades continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”, señala en un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos del organismo.
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“Esto incluye personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental”, agrega.
El informe, basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil, abarca un período de un año desde junio del año pasado.
Entre otros hechos, el texto señala que en mayo de este año “131 personas consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria”, una cifra muy superior a la de junio de 2023.
Además, documenta 12 casos de “tortura y malos tratos en detención”, así como un incremento de la violencia contra indígenas y afrodescendientes.
El informe advierte que la libertad religiosa en el país centroamericano “siguió siendo objeto de restricciones indebidas”, entre ellas la detención “arbitraria” de 27 sacerdotes y seminaristas católicos, entre octubre y enero, y el cierre de muchas organizaciones religiosas entre las 5.000 organizaciones de todo tipo disueltas desde 2018.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en forma ininterrumpida desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron esas protestas, a las que considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”.
“La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno”, dijo.
A finales de agosto, Tusk que “desafortunadamente” no existe “cooperación” entre el gobierno de Ortega y su oficina, lo que “hace muy difícil” el seguimiento a la situación del país.
