Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro realizan una manifestación en la Esplanada dos Ministerios de Brasilia el 8 de enero de 2023. (Foto de EVARISTO SA / AFP)
Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro realizan una manifestación en la Esplanada dos Ministerios de Brasilia el 8 de enero de 2023. (Foto de EVARISTO SA / AFP)
/ EVARISTO SA
Agencia EFE

El ministro de Justicia de , , afirmó este lunes que se impedirá la repetición de los ataques contra las instituciones del Estado ocurridos el pasado 8 de enero, después de que grupos de extrema derecha hayan convocado protestas para el Día de la Independencia, el próximo jueves.

Dino confirmó que el Gobierno movilizará a la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, para reforzar la seguridad de Brasilia durante los actos conmemorativos del Siete de Septiembre.

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No vamos a permitir la repetición de los terribles eventos del 8 de enero”, dijo Dino en declaraciones a la prensa durante un acto oficial en la ciudad de Vitória.

No obstante, el ministro minimizó la convocatoria de protestas y afirmó que las amenazas de actos violentos que se han registrado en grupos de extrema derecha en redes sociales son “algo residual”.

Asimismo, recalcó que las autoridades permitirán las manifestaciones pacíficas, puesto que tienen respaldo legal.

El 8 de enero, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron de forma simultánea las sedes del Tribunal Supremo y del Congreso Nacional y el Palacio de Planalto, sede del poder Ejecutivo.

Según la investigación, ese ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista que había asumido el poder ocho días antes.

La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los ataques a la sede de los tres poderes.

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La Procuraduría General ha presentado cargos contra los primeros 40 acusados, contra los que ha pedido la pena máxima de 30 años de cárcel.

La Fiscalía imputa a los acusados delitos como asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado y deterioro de patrimonio público.

El Tribunal Supremo mantiene abiertas las averiguaciones sobre esos sucesos y tiene entre los investigados al propio Bolsonaro, quien es sospechoso de haber alentado la asonada por no reconocer la victoria de Lula en las elecciones y por sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.

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