Noboa deja a funcionarios de Ecuador sin seguros de salud gratuitos y limita autos de lujo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó la contratación de seguros privados para funcionarios financiados con recursos públicos y limitó el uso de vehículos oficiales para las administraciones, a la vez que prohibió la compra de automóviles de lujo para aquellas instituciones que no los necesiten.

“Se prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de salud pagados por parte del Estado para las y los servidores públicos con recursos del Estado”, señaló a través de un decreto que introduce reformas al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público.

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“Se prohíbe la compra de vehículos de alta gama (...) La adquisición de los vehículos no especializados (...) estará sujeta a la aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República”, explica el documento respecto a la norma sobre los vehículos.

De esta forma, la compra de vehículos para los empleados públicos (automóviles regulares, minibuses para grupos o camionetas en el mundo rural) deberá ser aprobada por la administración, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria.

Motivos de seguridad

La única razón que justifica la adquisición de vehículos de lujo es la seguridad. Los vehículos blindados para transportar a ciertas autoridades y los vehículos especiales, como las ambulancias o las patrullas policiales, no necesitarán la aprobación de la Secretaría Administrativa.

Respecto a los seguros de salud, sí mantiene la obligatoriedad de la administración de contratar coberturas sanitarias para viajes internacionales de los empleados públicos.

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El decreto de Noboa modifica, por un lado, el artículo 253 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, relativo a los seguros de salud; y, por otro, ratifica el Decreto 457 emitido en junio de 2022 por el anterior presidente, Guillermo Lasso, correspondiente a evitar el derroche de dinero público.

Ambas medidas responden a la intención del presidente de “optimizar el gasto público”, según el propio decreto, y asegurar que las “compras públicas” cumplen con los criterios de “eficiencia”, “transparencia”, “calidad” y “responsabilidad”.

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