Asamblea Nacional de Ecuador aprueba la eliminación del financiamiento estatal de partidos políticos

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el jueves una reforma constitucional que elimina el financiamiento estatal de las organizaciones políticas y la propaganda electoral, en medio del rechazo de la oposición, que considera que perjudica la participación equitativa y democrática.

Para entrar en vigor, la reforma aprobada con el respaldo de 81 de los 145 asambleístas presentes deberá ser ratificada en un referendo en el que los ciudadanos votarán a favor o en contra. En caso de ser aprobada, la reforma se aplicaría en las elecciones municipales de 2027.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un político millonario que asumió en mayo su segundo mandato, propuso la reforma el año pasado ante la Corte Constitucional. Tras su aprobación, pasó a la Asamblea Nacional para su debate en dos sesiones.

El gobierno ha argumentado que los fondos públicos han sido mal utilizados, incentivando la proliferación de candidatos que no cuentan con respaldo popular.

Ese tipo de subsidios estatales están contemplados en la Constitución desde 2008. Se entregan a las organizaciones políticas que cumplen determinados requisitos, como un número mínimo de afiliados, una representación en el territorio nacional y la obtención de 4% de votos en dos elecciones consecutivas.

También se dan a los medios de comunicación que difunden las propagandas de todos los candidatos en espacios equitativos.

El asambleísta oficialista Esteban Torres afirmó que estos fondos han representado un egreso de 263 millones de dólares constituyendo “sobre estímulos electorales” que han alentado la excesiva participación de postulantes sin el suficiente respaldo popular. Así, en los últimos comicios presidenciales, al menos una docena de ellos no obtuvieron ni el 1% de apoyo.

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Pero Nuria Butiña, del partido opositor Revolución Ciudadana, advirtió que se está golpeando a la democracia participativa. “Eliminar el financiamiento público elimina la equidad en la contienda electoral” y viola derechos constitucionales, limitando a los candidatos “que no estén cerca del poder o las élites”, dijo.

Jorge Acosta, expresidente del organismo de control electoral, consideró que se ha dado un “uso contrario a la finalidad de los fondos”, como la creación de escuelas de formación, incurriendo algunos actores políticos en hechos cuestionables como el gasto en asuntos personales.

En tanto, para el también expresidente del organismo electoral Medardo Oleas, una sociedad requiere “la formación en democracia y participación en igualdad de condiciones”, aunque con un control adecuado.

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SOBRE EL AUTOR

Agencia AP

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