Caso Purga: el narcotráfico infiltrado en la política y justicia de Ecuador

Ocho jueces, un político y varios funcionarios judiciales de Ecuador fueron detenidos este lunes en medio de una purga para romper los lazos con el narcotráfico, que entregó finos licores, joyas y fajos de billetes a cambio de favores en los tribunales.

Durante un operativo realizado en la provincia costera de Guayas (suroeste) fueron allanadas casas y oficinas de varios magistrados, de un exdiputado y de una expresidenta de la Corte local de Justicia, señaló la Fiscalía por la red X.

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Doce personas han sido detenidas en el denominado caso Purga, que surgió de una gran indagación llamada Metástasis, revelada en diciembre y descrita por la fiscal general Diana Salazar como la piedra angular de la “narcopolítica” en Ecuador.

Jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de las estratégicas esferas del poder están acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos y servicios de prostitución.

Metástasis expuso los nexos corruptos entre el narco y diversas entidades del Estado, al revelar miles de conversaciones entre un capo asesinado en prisión y funcionarios judiciales.

Entre los indicios hallados este lunes en la vivienda del exlegislador Pablo Muentes, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), hay dos armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares y 505 euros, señaló la Fiscalía.

Salazar indicó que sobre los detenidos recaen sospechas de que “han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano”.

El PSC (del expresidente León Febres Cordero, 1984-88) no se ha pronunciado. De su lado, el Consejo de la Judicatura (rector de la justicia) de Guayas señaló en un comunicado que brindará “facilidades para el avance de las investigaciones, sin descartar posibles acciones disciplinarias” contra sus funcionarios.

“Justicia secuestrada”

El caso Purga “le da continuidad a la depuración que requiere el país en este momento”, dijo Salazar en un video divulgado por el ente acusador, añadiendo que “continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado”.

“Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses”, expresó Salazar.

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En diciembre, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, advirtió que el sistema judicial ecuatoriano es considerado el “premio mayor” por narcotraficantes que pretenden infiltrarse en el Estado para conseguir impunidad.

Casos como Purga o Metástasis evidencian “que hemos estado con una justicia secuestrada al servicio de mafias, delincuentes y corruptos”, dijo a la AFP Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización civil.

De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, “la corrupción es rampante en Ecuador, con actores estatales implicados en el tráfico de drogas y de oro ilegal en los mercados criminales”.

Días antes de dejar el poder en noviembre, el gobierno del derechista Guillermo Lasso (2021-23) divulgó una Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, según la cual las bandas tienen “la capacidad de infiltrar y cooptar a los estamentos de seguridad y justicia”.

Combinación fatal

“Los narcodelincuentes, de una parte, y de otro lado la corrupción de cuello blanco (son) la combinación, los dos factores que están hundiendo al país”, sostuvo Rodas Chaves.

Ante una violenta arremetida en enero de bandas del narco con nexos con carteles de México y Colombia, el mandatario Daniel Noboa declaró a la nación en “conflicto armado interno” y tildó de “terroristas” y “beligerantes” a una veintena de organizaciones criminales.

Desde entonces, unas 65 toneladas de drogas han sido decomisadas en Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.

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En agosto fue asesinado por sicarios el candidato presidencial Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que había destapado varios escándalos de corrupción que salpicó a altas autoridades gubernamentales.

Villavicencio había denunciado días antes que fue amenazado por Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país que en enero se fugó de una cárcel de Guayaquil (capital de Guayas) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El mafioso aún no ha sido recapturado.

“Este bandido #PabloMuentes fue uno de los 5 asambleístas que amenazó la vida de mi padre. Siempre quisimos que sea investigado. Ahora empieza la caída de estos delincuentes de cuello blanco”, señaló Amanda, una de las hijas de Villavicencio, el lunes por la red X.

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Agencia AFP

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