¿Cómo afectará a Venezuela la reimposición de sanciones por parte de EE.UU.?

El Gobierno de Estados Unidos llevaba meses evaluando tal medida debido a las trabas que está poniendo el chavismo a la inscripción de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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El 17 de octubre del 2023, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana suscribieron el denominado Acuerdo de Barbados, que se sostenía sobre dos pilares: garantizar elecciones democráticas y justas; y proteger los intereses vitales de la nación tales como los activos en el extranjero y la defensa del territorio. Este último punto se enfocaba principalmente en la disputa por el Esequibo que mantienen Venezuela y Guyana.

A cambio de este acuerdo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unido, emitió la licencia 44, un permiso especial que autorizaba a las empresas internacionales la producción y venta de petróleo y gas venezolanos, así como el pago de bienes y servicios relacionados, las inversiones y la entrega de petróleo y gas a acreedores del Gobierno de ese país, a través del sistema financiero de Estados Unidos.

En enero, sin embargo, ante la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado por parte de la Corte Suprema venezolana, el Departamento de Estado anunció que comenzaba a evaluar la vigencia de dicha licencia.

A la inhabilitación de Machado se sumó posteriormente la detención de siete miembros de su equipo y el veto a Corina Yoris, nominada hace unas semanas como su sustituta. “Hemos sido testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación contra actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos”, señaló un alto cargo estadounidense bajo condición de anonimato durante una rueda de prensa telefónica, según la agencia AFP.

Este cúmulo de acciones orientadas a impedir que Maduro tenga al frente un rival con verdaderas posibilidades de arrebatarle el poder han sido razón suficiente para que Estados Unidos vuelva a poner en vigor las sanciones desde este jueves 18.

“Esto es la crónica de una muerte anunciada. El régimen venezolano se comprometió con EE.UU. a cumplir con una serie de acciones, que evidentemente no ha cumplido. Ello nos ha llevado a esta situación. El Acuerdo de Barbados lo decía claramente: si no se cumplen las condiciones volverán las sanciones”, comenta a El Comercio el analista político venezolano José Carrasquero.

“El régimen se empeñó en montar un proceso electoral a su medida, en el que se desconoce a un amplio sector de la oposición. En Barbados se acordó que fuese uno que incluyera a todos los venezolanos”, agrega el experto.

Luego de que Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima impusieran drásticas sanciones a Venezuela por considerar fraudulentas las elecciones del 2018, la industria petrolera del país llanero alcanzó su registro más bajo de producción con menos de 500 mil barriles diarios.

“En Venezuela se tiene una economía dependiente del petróleo, sin ese dinero el régimen no puede financiar lo poco que sigue funcionando aquí”, comenta Carrasquero.

Con el levantamiento de las sanciones, el país alcanzó un aumento de entre 200.000 y 300.000 barriles diarios. “Eso más la posibilidad de reducir el descuento al cual se vendían las exportaciones petroleras, le podían permitir recibir al país entre US$ 6.000 y 7.000 millones anuales este año”, explicó a CNN Dinero el economista para América Latina de Barclays Alejandro Arreaza.

“En estos meses la economía privada se dinamizó independientemente del gobierno y fue porque el régimen esta vez no se metió con el dólar. Antes todo dólar ingresaba al Estado, si necesitabas un dólar debías recurrir al Estado. Eso terminó generando un mercado negro paralelo. Al levantarse las sanciones Maduro se hizo el loco con el asunto del dólar y eso condujo a un regreso tentativo de la industria petrolera. Se dinamizaron los hoteles, las demandas de transporte, todo lo que requiere poner a funcionar esa industria”, afirma Carrasquero.

El restablecimiento de sanciones, por ende, implica un retroceso hacia una realidad más cercana al 2019, cuando el régimen chavista tuvo que apoyar la mayoría de sus ventas en los mercados chino e indio, algo que para el analista venezolano resulta insuficiente.

“El gobierno asegura que está negociando con las petroleras indias, no sé hasta qué punto sea cierto. El petróleo venezolano es muy pesado, requiere una tecnología mucho más avanzada para ser procesado. Por eso Chevron tuvo que inagurar un nuevo pozo con esa tecnología, para extraer el crudo. Es una tecnología que no tienen la India o China porque trabajan con otro petróleo”, comenta.

Sin embargo, Carrasquero teme que esta nueva crisis en el país caribeño realmente hará poco daño a la cúpula chavista y que serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias.

“Para el régimen el golpe no es muy significativo porque seguirán teniendo recursos, el que sufre más esta situación es el venezolano de a pie. Los ciudadanos verán que su poder adquisitivo seguirá disminuyendo, su futuro se torna más duro. Como el pueblo termina pagando las sanciones, al régimen no le importa mucho”, asegura.