Un vecino del barrio 23 de Enero, uno de los barrios más populares al oeste de la capital de Venezuela, quedó sorprendido cuando la mañana del viernes 9 de agosto se asomó en el balcón de su casa y vio todas las casas marcadas con una “X”. Esta práctica la considera una amenaza y la comparó con los nazis.
Inmediatamente salió de su casa para ver si la habían pintado y efectivamente así fue. Tenía dos “X” de color negro. En ese mismo momento observó a otros vecinos que también se encontraban sorprendidos como él. Entre unos y otros se preguntaban ¿qué significaban estas pintas?
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El residente, quien pidió declarar bajo anonimato, dice que en la comunidad no saben por qué hicieron esto. Sin embargo, están convencidos de que fueron los colectivos – grupos armados simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro – para marcar e intimidar a quienes tocaron cacerolas el lunes 29 de julio luego de conocerse los resultados de la elección presidencial del 28 de julio.
Son más las casas que amanecieron pintadas con “X”. Las que no fueron marcadas se pueden contar rápidamente. Estas viviendas pertenecen a los sectores Sierra Maestra y La Piedrita, un territorio controlado por el colectivo dirigido por Valentín Santana, uno de los más grandes y con más poder del 23 de Enero.
En esta zona reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez, específicamente en el Cuartel de la Montaña 4F, en el sector Monte Piedad. Aunque durante más de 20 años ha sido una comunidad oficialista, las cacerolas se escucharon con fuerza luego que él Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara a Nicolás Maduro como presidente reelecto.
Intimidación e incertidumbre
Las marcas en las viviendas son símbolo de intimidación para los vecinos, pero también genera incertidumbre al no saber qué procede. Hay casas en las que sus habitantes no ejercieron el voto ni tocaron cacerolas, pero de igual forma las marcaron. Eso sembró dudas en los habitantes.
“Es un abuso que pinten tu casa así. Son muchas las que están marcadas y ni cuenta nos dimos en qué momento lo hicieron, pero sería de madrugada porque la sorpresa al amanecer fue esta. Ya no puedes ni hablar porque no sabes cómo arremeten en tu contra”, contó este domingo 11 de agosto uno de los vecinos al equipo de El Pitazo. Pidió no revelar su nombre por seguridad.
Aunque algunos habitantes de la zona se tomaron el tiempo de borrar de sus fachadas las marcas, otros dijeron que lo dejarán así porque no tienen nada que esconder. Uno de ellos comentó que pensar distinto no debería ser motivo de amenaza, pero dijo que en el contexto venezolano se puede esperar cualquier cosa.
La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, denunció esta práctica tipo Nazi y aseguró que es una vandalización en propiedades privadas para identificar a opositores y manifestantes.
“Recordemos que en esta parroquia actúa el grupo subversivo La Piedrita, liderado por Valentín Santana. La tiranía actúa utilizando métodos que recuerdan a los nazis para perseguir sistemáticamente a los venezolanos”, escribió a través de su cuenta en X, antiguo Twitter.
Se intensifica la represión
Desde el pasado 29 de julio se ha evidenciado la intensificación de la represión y prácticas de violencia por parte del Estado venezolano en medio del descontento postelectoral de los ciudadanos que decidieron protestar en rechazo a los resultados electorales anunciados por el CNE, al consideran que son un fraude.
Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos consideran que el país está ante la sofisticación del aparato represivo venezolano, en la que cada vez los métodos son más violentos, además de patrones vinculados al miedo y la intimidación con un rol protagónico de los colectivos y cuerpos policiales.
En La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga, la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, sostuvo que las amenazas a quienes protestan se desarrollan a nivel comunitario y ha generado una situación de miedo justificado.
Hasta el 10 de agosto la ONG Foro Penal contabiliza 1.303 detenciones verificadas en el escenario postelectoral, incluyendo 116 adolescentes, 170 mujeres, 16 personas con discapacidad y 14 indígenas. Todas estas aprehensiones ocurrieron durante protestas, pero también se realizaron contra personas que no formaban parte de manifestaciones.
