Qué se sabe del avión de Maduro confiscado por EE. UU.: “Hay que asfixiar financieramente al régimen fraudulento”

El lunes, el gobierno de Estados Unidos sorprendió al anunciar la confiscación de un avión utilizado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro que se encontraba en República Dominicana para un mantenimiento. Según las autoridades estadounidenses, la nave fue comprada de manera ilegal a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos. Además, Washington asegura que el negocio violó las sanciones impuestas al régimen chavista y las leyes de control de exportaciones. Esta es la historia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó mediante un comunicado que el Dassault Falcon 900EX fue incautado en República Dominicana y transferido a la custodia de funcionarios federales en Florida. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale poco antes del mediodía del lunes.

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¿Qué significa esto, es una acción simbólica por parte de Estados Unidos o el inicio de mayores sanciones contra el régimen de Maduro? Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en el Perú, le dijo a El Comercio que la incautación del avión no es un hecho simbólico. “Es una decisión que debió haberse comenzado a adoptar desde hace bastante tiempo, frente a circunstancias y hechos comprobados que vinculan a algunas personas del régimen de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela con bandas internacionales ligadas al narcotráfico y a otros hechos ilícitos”, manifestó.

Pérez indicó que en lo político, “en esta etapa en donde Venezuela se acerca a la posibilidad de conquistar nuevamente su democracia, la imposición de sanciones mucho más severas en contra de las cabezas visibles del régimen venezolano es una acción que se debe comenzar a tomar de una manera más activa”.

“En el tema criminal, es una clara señal de que el gobierno de Estados Unidos, las instituciones que administran justicia en ese país, le están respirando en la nuca a todos quienes usurpando el poder en Venezuela, lo han venido utilizando para enriquecerse no solamente sobre la base de la corrupción, sino también sobre la base de la vinculación con actos criminales como narcotráfico y la explotación de otro tipo de recursos minerales de manera ilegal”, agregó.

El pasado mes de abril, Estados Unidos

revirtió de manera parcial el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Nicolás Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.

Pérez también sostuvo que Estados Unidos debe aumentar el monto de las recompensas que ofrece por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y ampliar la lista de sancionados para incluir a otros actores que han venido colaborando en esta escalada de violación a los derechos humanos y al desconociendo del triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio, como el fiscal general Tarek William Saab y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, además de algunos parlamentarios chavistas.

“Sé que algunas de las sanciones pueden ser analizadas como un golpe contra el pueblo, pero el pueblo qué más golpe puede recibir de los que Nicolás Maduro y compañía le dan. Yo sí creo que acabar con el oxígeno financiero que mantiene medianamente estable al régimen es fundamentalmente importante, porque se están robando el dinero de manera impune. Yo creo que todo lo confiscado está a bien recaudo en Estados Unidos y cuando tengamos un gobierno democrático van a ser liberados para ser administrados de la menor forma. Pero en lo particular, sí creo que hay que asfixiar financieramente al régimen fraudulento y usurpador de Nicolás Maduro, y obviamente buscar algunas alternativas que sirvan para paliar las necesidades que pueda tener el pueblo venezolano”, remarcó Pérez.

Carmen Beatriz Fernández, CEO de DataestrategIA y profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, le dijo a El Comercio que la incautación del avión envía un mensaje tanto a Maduro como a su entorno. “No se tiene claro si es un avión del Estado Venezolano o uno particular que usó Maduro en el ejercicio de la Presidencia, y la diferencia no es menor porque involucra a más actores de su entorno. Entonces, el mensaje que se le está mandando a ambos es que ‘no nos olvidamos de Venezuela, el caso de Venezuela sigue abierto en tanto no haya un esfuerzo hacia la aceptación de los resultados de las elecciones y una voluntad a negociar’”.

¿Debe haber más sanciones? Fernández cree que sí y lo explica: “Estados Unidos percibe que lo que llevó a Maduro a celebrar elecciones el 28 de julio fueron las sanciones, estas lo obligaron a sentarse a negociar. Creo que esa percepción es lo que están presumiblemente diciendo con esta incautación, hay posibilidad de que el juego de la zanahoria y el garrote siga abierto y esto es solamente un primer botón. Hay posibilidad de más sanciones individuales que presionen al entorno de Maduro para volver al espacio de la negociación y encontrar un espacio para la transición política”, aseveró.

Según la investigación estadounidense, a finales del 2022 y principios del 2023, allegados a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX (que en ese momento estaba valorado en aproximadamente 13 millones de dólares) a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. En abril del 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe.

Desde mayo del 2023, el Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar al mandatario en visitas a otros países, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

De acuerdo con la agencia AP, el avión está registrado en San Marino y fue utilizado por Maduro para viajar este año a Guyana y Cuba.

El avión también trasladó en diciembre a varios estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela a la isla caribeña de Canouan, en San Vicente y las Granadinas, donde fueron intercambiados por el empresario Alex Saab, un aliado de Maduro y que permanecía encarcelado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Hasta antes de su compra, el avión estaba registrado en Estados Unidos y era propiedad de Six G Aviation, con sede en Lorida, Florida, un corredor que compra y vende aviones usados, según varios sitios web de seguimiento de vuelos citados por Univisión.

Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos consultados por Univisión indican que el avión se exportó a San Vicente y las Granadinas y se dio de baja en Estados Unidos en enero del 2023, coincidiendo con la compra por parte de Venezuela.

Para esquivar las sanciones que prohíben a estadounidenses realizar transacciones comerciales con el Gobierno Venezolano, este habría utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en un comunicado que había sido sacado de contrabando de Estados Unidos para ser utilizado por “Maduro y sus compinches”. Agregó que “el Departamento seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia recordó que en agosto del 2019, el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro. El Departamento de Comercio también impuso controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.

El último vuelo del avión registrado fue en marzo de este año, desde Caracas a Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

El canciller dominicano Roberto Álvarez confirmó que la aeronave estaba en el país para fines de mantenimiento y que el 22 de mayo el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un Tribunal Nacional que autorizó inmovilizarlo.

Estados Unidos había solicitado su inmovilización para poder registrarlo en busca de “pruebas y objetos relacionados con actividades de fraude, contrabando de mercancías para actividades ilícitas y blanqueo de capitales”, declaró.

Por su parte, Venezuela calificó de “piratería” la confiscación del avión.

“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República”, señaló la Cancillería en un comunicado. “Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”, agregó.

El Dassault Falcon 900EX tiene capacidad para 16 personas. Su velocidad crucero es de 892 kmh y puede volar hasta 8.334 kilómetros.

Es un aparato de negocios trirreactor fabricado por la compañía francesa Dassault Aviation.

Univisión indicó que se trata de una versión mejorada y de largo alcance del Falcon 900, que comenzó a volar en la década de los 80. El 900EX entró en servicio en 1996, cuenta con tres motores TFE731-60 de 22.24 kN (5000 lbf) de empuje y mayor capacidad de combustible.

En junio del 2022, Estados Unidos logró inmovilizar judicialmente en Argentina un avión de carga Boeing 774-300 que fue transferido desde Irán a Emtrasur, una filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.

Dos años y medio después, el Departamento de Justicia logró que la nave llegara a Estados Unidos y la confiscó en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.

En el 2022, el avión de Emtrasur quedó varado en Buenos Aires por falta de combustible. Había llegado a la capital de Argentina el 6 de junio y dos días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde fue retenido a pedido de Estados Unidos. Sus 19 tripulantes fueron detenidos, entre ello cinco ciudadanos iraníes.

Antes de pertenecer a Emtrasur, el Boeing había operado con Mahan Air, aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con la Fuerza Quds, el brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a la que Washington considera una organización terrorista.

Los gobiernos de Irán y Venezuela negaron las acusaciones de Estados Unidos de que el avión servía para operaciones de inteligencia iraní en América Latina. En octubre del 2022, un juez argentino dispuso la libertad de los últimos tripulantes que permanecían presos por la “falta de mérito” de los cargos en su contra.

Pero la aeronave quedó retenida porque en julio del 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la colaboración de las autoridades argentinas, obtuvo una orden judicial para que el avión fuera confiscado en Buenos Aires por “el traspaso no autorizado” del Boeing de la sancionada Mahan Air a Emtrasur.

No es el único. En el pasado, Estados Unidos requisó otros aviones privados pertenecientes a altos funcionarios gubernamentales de Venezuela y a personas con información privilegiada que han sido sancionadas o acusadas en EE. UU.