Botín electoral

Las constantes crisis políticas han erosionado la credibilidad de las instituciones del sistema democrático, conduciéndonos a un escenario donde la ciudadanía cuestiona la legitimidad de las autoridades y pone en duda la posibilidad de un futuro mejor. En los últimos años, hemos escuchado el discurso de la anhelada recuperación institucional, pero también hemos sido testigos de actos y denuncias de corrupción que involucran a los principales líderes políticos del país. Esta contradicción entre el discurso y los hechos ha generado la aparición de mensajes populistas y mesiánicos que, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, capitalizan la desilusión ciudadana mediante la promesa de refundar el país, argumentando que nada funciona.

Si a este escenario le sumamos la falta de legitimidad social del Ejecutivo y del Legislativo, con irrisorios niveles de aprobación, nos encontramos ante un caldo de cultivo propicio para que los discursos autoritarios y efectistas saquen provecho de la percepción negativa del extraño equilibrio entre la presidencia y el Congreso.

La actual crisis institucional ha potenciado el fenómeno de la desafección política y sus naturales consecuencias: desconfianza en los fundamentos ideológicos que determinan la identidad de los partidos políticos, rechazo a los líderes sospechosos de haber sacado provecho de la inestabilidad política, y recelo frente a los discursos institucionalistas que pretenden hacer docencia sobre por qué es importante mejorar las estructuras políticas y económicas antes que cambiarlas radicalmente.

En este contexto, la ciudadanía desilusionada tendrá que dialogar con la más grande dispersión electoral de toda nuestra historia republicana: 43 partidos políticos que podrían presentar candidaturas a la presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. La respuesta del pueblo aún es impredecible, pero sabemos que el hartazgo popular mostrará apertura a los discursos transgresores y radicales, a las soluciones pragmáticas de corto plazo, y a rostros nuevos en política, pero con importante visibilidad mediática.

Esto explica por qué los voceados precandidatos actúan como candidatos de facto, apareciendo en la mayor cantidad de entrevistas posibles, buscando delimitar el número de opciones políticas, y capitalizando la desilusión ciudadana como apetecible botín electoral. El problema de esta lógica es que ni la visibilidad ni la capitalización del hartazgo rescatan aquello que estamos perdiendo: el sentido de las instituciones que articulan nuestra convivencia en libertad. Por ello, la campaña que se avecina requiere actores mediáticos que asuman una postura institucional, lo cual implica, principalmente, explicar que la democracia tiene sus propias reglas y lógicas, bastante alejadas de los ímpetus unilaterales.