¿Los legisladores que dejaron sus bancadas deberían poder postular a la Mesa Directiva?

“La aspiración a ser elegido debe condecirse con la lealtad al grupo parlamentario del partido político por el que los electores decidieron”.

Debemos partir del criterio de que los partidos políticos son la esencia de la democracia. Por eso, debemos fortalecerlos a través de sus grupos parlamentarios legítimamente representados y elegidos democráticamente en el último proceso electoral. Lamentablemente, hemos advertido cómo se ha normalizado el transfuguismo parlamentario en nuestro país. Esto conlleva al debilitamiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia.

La propuesta de fortalecer los partidos nace de la necesidad de respetar la voluntad ciudadana y su decisión de elegir –en su momento– a determinados candidatos como sus representantes en el Parlamento. De acuerdo con nuestra normativa electoral, para ser candidato al Congreso se debe militar en un partido a menos que uno sea invitado. Es decir, en la mayoría de los casos, uno debe registrar su militancia en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Sin ese requisito, uno no puede postularse, porque sería excluido del proceso electoral. Esta militancia se entiende como la plena coincidencia entre el plan de gobierno, ideales, principios, valores, etc., del partido político y el ciudadano que decide hacerse militante para, posteriormente, ser candidato por dicho grupo político. Debe quedar absolutamente claro que son las organizaciones políticas las que participan en las contiendas electorales, no las personas.

Por esto, debe de haber una sanción política, a través del impedimento que se propone en el Reglamento del Congreso, contra aquel parlamentario que traiciona la voluntad ciudadana –con su renuncia al grupo parlamentario– para una aspiración política o de poder para asumir presidencias de comisiones u ocupar un cargo administrativo, como lo es la Mesa Directiva.

Dicho de otro modo, el interés personal de un político jamás debe de estar por encima de la voluntad y la confianza de sus electores. Nadie pretende vetar candidaturas. Todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, eso es indiscutible. Sin embargo, esta aspiración a ser elegido debe condecirse con la lealtad al grupo parlamentario del partido político por el que los electores decidieron en las urnas. De continuar con esa práctica, estaríamos permitiendo la deslegitimación de la representación nacional, algo desde todo punto de vista inconcebible en el primer poder del Estado.

Es importante recordar que, en el pasado, hubo un debate acerca de la posibilidad de que un parlamentario que renunciase a su bancada sea apartado de facto del Congreso, y que su accesitario asuma el cargo (figura jurídica que existe con el desafuero de un legislador) a menos que el grupo parlamentario al que pertenezca se aparte de sus principios y vulnere su ideario o, de alguna u otra manera, se haga insostenible la permanencia del congresista en dicho grupo parlamentario.

Invoco a mis colegas parlamentarios a no defraudar a nuestros electores. También invoco a la ciudadanía en general a mantener una postura permanente de control hacia nosotros como representantes de la Nación.

“Diera la impresión de que, para algunos, hacerse con la Mesa Directiva es más importante que atender las expectativas de los ciudadanos”.

El proyecto de ley 2476, de la inusitada dupla de parlamentarios Alejandro Aguinaga y Waldemar Cerrón, busca impedir que los congresistas que renunciaron a sus bancadas puedan postular a la Mesa Directiva. Con ello, se cerraría el paso a las aspiraciones de al menos 28 parlamentarios de cinco bancadas, atentando contra la pluralidad del Congreso y castigando el disenso y la disidencia.

Se trata de una iniciativa con nombre(s) propio(s), en respuesta a la actual recomposición de bancadas y que –como es costumbre entre nuestros políticos tradicionales– antepone ambiciones de grupo a los intereses del país. Así pues, no cumple con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que nuestro sistema jurídico demanda, y confirma el errático compromiso del Congreso con la democracia y la gobernabilidad. Si en verdad se busca evitar el transfuguismo y fortalecer a los partidos políticos para un mejor servicio parlamentario, deberíamos más bien priorizar la aprobación de una reforma política y electoral que garantice una mejor toma de decisiones y que evite que –ante un inminente adelanto de elecciones– caigamos nuevamente en una crisis de gobernabilidad como la que hoy nos agobia.

Si esta iniciativa responde a acuerdos de bancadas, resulta llamativo que al fujimorismo y al cerronismo les sea más urgente acotar la discusión sobre quién asumirá la Presidencia del Congreso antes que alentar un proceso de reflexión sobre las cualidades y capacidades que deberá poseer la nueva Mesa Directiva para afrontar los retos de una eventual transición de poder que le devuelva gobernabilidad al país y confianza al pueblo. Así pues, diera la impresión de que, para algunos, hacerse con la Mesa Directiva del Congreso es más importante que atender las expectativas de los ciudadanos a través de liderazgos políticos firmes y ampliamente consensuados.

Este proyecto de ley tampoco toma en consideración la reiterada recomendación del Tribunal Constitucional de que la aprobación de una ley orgánica o de reforma constitucional debe ser armónica con el principio de deliberación. Es decir, que debe darse en un escenario que garantice una discusión amplia, plural y robusta. Normas aprobadas al margen de esa premisa –como parece el caso– son pasibles de ser declaradas inválidas.

No debemos perder de vista que, para resolver la crisis política motivada principalmente por las acciones y omisiones del Gobierno, la futura Mesa Directiva del Congreso deberá contar con una cualidad hoy difícil de conseguir: amplia legitimidad. No bastará, pues, con que sea elegida con los votos necesarios. Deberá también ser producto de un proceso deliberativo en el que no se limite la participación de ninguno de los 130 parlamentarios, y en el que se promueva un adecuado escrutinio público sobre todos los aspirantes. Como ya adelantamos en este espacio, la nueva Mesa Directiva deberá responder a la actual coyuntura con sensatez, moderación, capacidad de diálogo y convocatoria. Por ello, su elección debe priorizar la capacidad, integridad e idoneidad de sus integrantes por sobre su filiación partidaria.