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Esterilizaciones forzadas: En la búsqueda de la verdad, por María Cecilia Villegas

“La creación del mito y su utilización política ha dejado de lado a las verdaderas víctimas”.

María Cecilia Villegas Especialista en políticas públicas

Giovanni Tazza

¿Existió una política pública de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori? (Ilustración: Giovanni Tazza)

¿Existió una política pública de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori? (Ilustración: Giovanni Tazza)

A raíz de la publicación de “La verdad de una mentira” diversos artículos de opinión han cuestionado el libro. Esta columna buscará responder esas inquietudes. La investigación académica en la que se sustenta el libro utilizó herramientas de análisis cuantitativas. Se partió de dos hipótesis: (i) que en el Perú se implementó una política pública masiva de esterilización y (ii) que la política pública de esterilización fue forzada.

La investigación mostró que ambas hipótesis no se sustentan en los números oficiales. El programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) atendía 850.000 parejas al año y proveía todos los métodos anticonceptivos (MAC) disponibles. Uno de ellos era la AQV –ligadura y vasectomía– conocido como esterilización. El año que más AQV hubo fue 1997, realizándose 109.689 ligaduras y 10.397 vasectomías correspondiendo al 14% del total de métodos proveídos por el programa. El 34% de usuarios eligió Depo-Provera (286.275), 20% la píldora (172.925), 16% DIU (135.879), 12% condón (101.384) entre otros. ¿Cómo se puede sostener la hipótesis (i) si la mayoría de usuarias optó por un método distinto? La hipótesis (ii) sostiene que se implementó una política pública de esterilización forzada. Dentro del programa se realizaron 254.455 AQV. El Informe Defensorial 69 investigó 773 denuncias, 61 referidas a esterilizaciones sin consentimiento entre 1994 y el 2002. Esto es antes y después de la vigencia del programa. De ellas, 32 fueron declaradas fundadas. Es decir, la defensoría investigó cada denuncia. Diversos artículos sostienen hoy que hay 3.453 víctimas. Entonces, ¿ya no son 300.000?

Se ha cuestionado que durante la investigación no se realizaron entrevistas a las víctimas. Ello se debe a que no se trata de una investigación cualitativa, es una investigación que utiliza métodos cuantitativos. Los casos documentados e investigados no son puestos en duda. Además de los informes defensoriales, se recoge el trabajo de Tamayo (1999), una investigación periodística que recoge el testimonio de 243 mujeres y el de Ballón (2013). Es importante resaltar que una compilación de memorias no tiene un método analítico científico. ¿Cuál es el universo? ¿Qué proceso de selección hubo? ¿Se incluyeron pacientes satisfechas?

En un artículo publicado en este Diario, Camila Gianella sostiene que el programa estableció metas quirúrgicas, sin embargo no presenta evidencia (“Juego de números”, 14/8/2017). El programa estableció metas de atención tales como que el 100% de las pacientes de parto egresen iniciando algún MAC luego de una consejería individual. O que se alcance una cobertura de MAC no menor al 50% de mujeres en edad fértil y el 70% de mujeres en unión. Este tipo de metas se utiliza en los programas de salud o educación y son metas cuantitativas de uso, ideales a ser alcanzados, no metas quirúrgicas. Sostiene, además, que las metas no fueron hechas en base a la demanda porque no se conocía con exactitud. Eso es cierto, pero se sabía que el 60% de las mujeres en unión no quería más hijos, y en la zona rural era el 75% (Endes 1996). Y que se priorizó la AQV sobre los demás métodos. Pero la evidencia no muestra ello. La Defensoría del Pueblo sostiene que en los casos de esterilizaciones sin consentimiento estos ocurrieron pese a que el Decreto Legislativo 346 prohibía expresamente cualquier forma de coerción, manipulación o incentivos económicos. Y que si bien los servicios de planificación familiar no privilegian la AQV, se identificaron casos aislados. Se ha cuestionado que pese a las debilidades que enfrentaba el Ministerio de Salud –infraestructura y RR.HH.– para brindar servicios de planificación familiar se haya implementado el programa. Entonces, ¿mientras se perfeccionan las debilidades institucionales del sector Salud no se debería brindar servicios a las poblaciones más pobres?

Concuerdo cuando se afirma que no hubo interés de las autoridades para investigar ni un real compromiso de reparación. Añadiría que tampoco hubo interés en llevar a la justicia a los responsables. Pero ello no demuestra que haya sido un programa de esterilización forzada. Quiero ser enfática: una sola esterilización es un delito que debe ser sancionado. La creación del mito y su utilización política ha dejado de lado a las verdaderas víctimas. No es que sea un juego de números, es que precisamente al tergiversar los números juegan con las víctimas. Además, la cancelación del programa desprotegió a un segmento vulnerable de la población que necesita del Estado para acceder a servicios de salud.

Hay evidencia que demuestra que en el Perú han existido esterilizaciones forzadas antes y después del programa, ¿por qué se evita la discusión de las condiciones institucionales que permitieron ello? La falta de evidencia que cuestione a la que presento me lleva a concluir que existen intereses ideológicos, políticos y económicos detrás.

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