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El ventarrón latino de Lava Jato, por Guilherme Amado

“Mucha de la legislación que permitió que el Caso Lava Jato tenga la potencia que tiene en Brasil no existe en algunos códigos penales de países vecinos”.

Guilherme Amado Periodista de “O Globo”*

Lava Jato AL

"Es este el tamaño del desafío que el Caso Lava Jato ha impuesto a la mesa de las instituciones democráticas de América Latina". (Ilustración: Giovanni Tazza)

A poco de un año de haber sido registradas, en diciembre del 2016, las confesiones de Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos de la constructora brasileña en América Latina han resultado devastadoras para la vida política de la región. Las investigaciones del Caso Lava Jato, iniciadas en Brasil en marzo del 2014 y extendidas luego en Argentina, Colombia, el Perú, Venezuela, Panamá, República Dominicana y México, detonaron un proceso que puede significar un cambio en nuestro padrón histórico de complacencia con la corrupción público-privada.

Estos países vecinos –diferentes entre sí pero con semejanzas suficientes para distinguir a un único movimiento–, que dejaron las experiencias autoritarias de la segunda mitad del siglo XX y que en las últimas décadas vienen tratando de consolidar sus instituciones democráticas, se ven ahora obligados a encarar la verdad amarga de la corrupción.

No es que algún latinoamericano haya creído de verdad que era gobernado por incorruptibles. Claro que no. Incluso los más creyentes en un partido o en un candidato saben, en el fondo, que filas y filas de políticos latinoamericanos probaron del pote de miel de los sobornos y del dinero de la caja dos. Pero los videos, audios y documentos presentados por Odebrecht, como lo viene exigiendo la investigación del Caso Lava Jato en Brasil hace casi cuatro años, han mostrado cuán profundo es el abismo de la corrupción en el que América Latina está zambullida.

Compartimos muchos de los problemas, aunque las diferencias entre un país y otro son más complejas que una trama de héroes y villanos.

La región comparte las dificultades impuestas por los corruptos y sus cómplices, repartidos en diferentes instituciones para dificultar el avance de las investigaciones.

El Poder Judicial de la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, está dividido. Quienes llegaron a posiciones de poder pactando con el estado de las cosas con el que Lava Jato intenta romper también han trabajado contra las investigaciones. No obstante, sí existen jueces verdaderamente comprometidos con combatir la corrupción.

La mayoría de los ministerios públicos de la región no goza de plena independencia para actuar. En muchos de estas instancias, los fiscales son total o parcialmente sometidos a otros poderes, sin contar con la autonomía con la que cuentan los fiscales brasileños. En algunas de estas instituciones, es fácil para el presidente de la República remover del cargo al fiscal general, si así lo desea. En México, el encargado de investigar las denuncias de Odebrecht contra un hombre cercano al presidente Peña Nieto dejó el cargo debido a presiones.

Tal como ocurre algunas veces en Brasil, la burocracia también suele ser usada como disculpa para el retraso de las investigaciones a los políticos. En el Perú, por ejemplo, solo meses después de las primeras pruebas contra Keiko Fujimori y PPK, las fiscalías pertinentes se pusieron a trabajar.

Faltan todavía bases legales importantes para combatir los crímenes de cuello blanco. Un fuero privilegiado sirve como protección de corruptos poderosos. Mucha de la legislación que permitió que el Caso Lava Jato tenga la potencia que tiene en Brasil –como la Ley de Organizaciones Criminales, por ejemplo– no existe en algunos códigos penales de países vecinos.

El desarrollo de otras instituciones y mecanismos democráticos de control de los poderosos, como la prensa investigadora, las organizaciones de la sociedad civil y los tribunales de cuentas públicas, por ejemplo, también ha sido irregular entre los distintos países. Pero mientras más desarrolladas han sido estas instancias en la vida nacional, mejor ha sido la lucha contra la corrupción.

En algunos países, como lo muestran los ejemplos de Ecuador y Venezuela, los regímenes bolivarianos aprobaron leyes que más bien restringen la libertad de prensa y que, con el fin de dificultar que los periodistas avancen en sus investigaciones sobre asuntos oscuros, han impedido incluso que se reproduzcan los hallazgos de otros investigadores, como fiscales o la policía.

Cuando “O Globo” publicó los clips de Odebrecht en los que autoridades ecuatorianas eran captadas hablando de sobornos, por ejemplo, periodistas de ese país afirmaron no poder reproducir el audio. Solo el link de “O Globo” permitió que ese país escuchase a su vicepresidente conversar sobre los intereses de Odebrecht que el gobierno atendería.

Pasado un año de la confesión de Odebrecht, la vida política de la región se ha sacudido, y la necesidad de combatir la corrupción está cada vez más nítida. Camuflar los fraudes y desvíos llevó a Brasil y a varios otros países latinoamericanos a posiciones vergonzosas en los ránkings de corrupción y, no casualmente, contribuyó a que se mantuvieran nuestros tristes índices de pobreza y miseria.

Investigaciones de diversos órganos multilaterales ya evidencian una vinculación directa entre la corrupción y los grilletes que frenan el crecimiento de un país. Fuera de las pérdidas generadas por las desviaciones multimillonarias de la corrupción, estas investigaciones sugieren que un Estado de derecho que no logra enfrentar a la corrupción no genera credibilidad en los inversionistas. ¿Por qué un empresario serio colocaría dinero en un país que trata diferente a quien carga con maletas llenas de dinero de la corrupción por barrios lujosos de Lima y a quien roba gallinas al interior del país? Ambos son crímenes.

Es este el tamaño del desafío que el Caso Lava Jato ha impuesto a la mesa de las instituciones democráticas de esa América Latina que salió hace pocas décadas de experiencias autoritarias. El juez Sérgio Moro –el juez encargado de las investigaciones que originaron Lava Jato– y su grupo detonaron el proceso y pasaron la pelota para que ahora cada país cumpla su deber en casa. Que las elecciones que se celebrarán en el 2018 y los próximos años en la región permitan a los latinoamericanos decidir en qué tipo de sociedad quieren vivir.


*El autor investiga el Caso Lava Jato con la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación, liderada por IDL-Reporteros. Actualmente es becario en Stanford, en Estados Unidos.

Artículo traducido por El Comercio.

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