Los reguladores en la picota, por Rafael Eduardo Muente Schwarz

Quizá pocos recuerdan las condiciones de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, energía, transporte de uso público y saneamiento de hace 30 años. En telecomunicaciones, por ejemplo, el Perú era el país con la menor densidad telefónica de toda América Latina (menos de tres hogares de cada 100 tenían acceso a un teléfono). Hoy tenemos más de 41 millones de líneas móviles activas y la reducción de las tarifas en los últimos cinco años han representado ahorros por más de S/16.000 millones a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Si bien aún falta mucho por recorrer, en esta evolución, los organismos reguladores han tenido un papel protagónico.

Como bien señaló el Tribunal Constitucional (Sentencia Expediente N° 0008-2003-AI/TC), el papel de los organismos reguladores puede resumirse en la función de suministrar el marco regulatorio necesario para promover nuevas inversiones, así como el ingreso de nuevos operadores para lograr mayores niveles de bienestar para los usuarios de los servicios bajo su supervisión.

Esta labor no es sencilla, pues un regulador debe conjugar los intereses de los inversionistas, los poderes del Estado y los consumidores. La OCDE señala que para hacer un balance correcto entre estos intereses y actuar en favor del mercado en su conjunto, los reguladores deben actuar de manera objetiva, imparcial y consistente.

En casi tres décadas de existencia, los cuatro reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositrán y Sunass) han desempeñado sus funciones aplicando altos estándares de exigencia y calidad, donde su rol autónomo e independiente ha sido la clave en la toma de decisiones. Por ejemplo, han seguido los lineamientos de la OCDE; es decir, de los países con las mejores políticas públicas. Por algo el lema de dicha institución internacional es “Mejores políticas para una vida mejor”.

Tras un proceso de rigurosa evaluación del desempeño de tres de los cuatro reguladores en nuestro país, la OCDE destacó que “la independencia de los reguladores y su capacidad para tomar decisiones técnicas basadas en pruebas concluyentes concede a los reguladores el potencial para actuar como baluartes contra la corrupción e influencias indebidas, con lo que aumenta la confianza en la administración pública”.

Es por ello que ha generado preocupación la presentación de dos proyectos de ley que pretenden, entre otros aspectos, dejar de lado los concursos públicos para la designación de los miembros de los Consejos Directivos de los organismos reguladores, planteando que sea el Poder Ejecutivo quien los designe y remueva a voluntad, lo que podría conducir a la captura de estas instituciones por el poder político de turno. Además, se plantea incorporar como directivos a representantes de asociaciones de usuarios, sin requisitos de la experiencia, idoneidad académica y técnica, además provistos de inmunidad en su cargo.

También genera extrañeza la intención de continuar la investigación a los organismos reguladores, tal y como lo ha acordado la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso de la República, para lo que solicitará facultades de comisión investigadora. Esta vez la indagación sería desde su creación; es decir, por cerca de 30 años. Es importante apuntar que luego de más de 10 meses de investigación y tras recibir abundante información de los últimos cinco años, la anterior comisión no encontró ningún indicio de irregularidades en las entidades involucradas.

Si bien siempre habrá oportunidades de mejora, el fortalecimiento de los organismos reguladores no debe ser argumento para el surgimiento de iniciativas que busquen romper con su autonomía haciendo peligrar su existencia, así como injerencias políticas o normativas no emitidas por estos organismos especializados, que podrían generar efectos contrarios a lo que la población necesita.