En búsqueda de refugio, por Marta Luzes

Desde el 2017 la migración venezolana en el Perú se intensificó, volviéndose una de las mayores en la región. Con más de 530 mil solicitudes de refugio por parte de la población venezolana, el Perú es el país con menor tasa de reconocimientos de refugiados. Son 2.635 los venezolanos reconocidos como refugiados.

La mayoría de la población venezolana que reside en el Perú tiene derecho a protección internacional bajo la Declaración de Cartagena de 1984, que establece la definición ampliada de “personas refugiadas” en la región y que se ha incorporado en la legislación nacional. A pesar de ello, la sobrecarga del sistema de refugio, más la falta de aplicación de la definición de refugiado según la Declaración, han contribuido con las bajas tasas de reconocimiento. Sumado a ello, desde octubre del 2020 se han suspendido las solicitudes de refugio por la página web, pero se siguen atendiendo las presentadas anteriormente, que suman alrededor de medio millón.

En este sentido, es importante considerar el refugio como una protección internacional y no desvirtuar su figura jurídica, ya que este existe para brindar protección en los casos previstos en la ley, y no para fines de regularización migratoria.

Los solicitantes de refugio enfrentan varios desafíos en su integración socioeconómica al país. Un reciente estudio conducido por Equilibrium Cende profundiza en su experiencia en el Perú. El estudio identifica que los solicitantes de refugio enfrentan barreras legales y administrativas para acceder al mercado laboral, tal como el documento diferenciado frente a personas nacionales, el desconocimiento de parte de los empleadores frente a su condición, la falta de mecanismos que faciliten la validación de títulos, entre otros limitantes. Estos desafíos también existen para la población refugiada, pero son más fuertes para las y los solicitantes de refugio.

Estas personas, además, tienen limitaciones para acceder al Sistema Integral de Salud (SIS) o contar con Essalud, ya que la mayoría no tiene un trabajo formal. Asimismo, no son considerados en los diferentes programas sociales que brinda el Estado; no estuvieron incluidas en los bonos brindados durante la cuarentena por el COVID-19.

Es necesario sensibilizar a los funcionarios públicos, empleadores y proveedores de servicios sobre la solicitud de refugio, a los documentos que lo comprueban y los derechos que esta otorga. Esta sensibilización serviría para evitar actitudes xenófobas o casos injustificados de no reconocimiento de los documentos migratorios, situaciones que afectan negativamente la integración socioeconómica de las y los migrantes.