La deuda de la justicia peruana

El 14 de abril del 2025, el Vaticano firmó el decreto que disolvió al Sodalicio de Vida Cristiana como sociedad de vida apostólica. Con ese acto, Roma sancionó lo que la justicia peruana no ha querido o no ha sabido enfrentar: la existencia de una organización que, bajo el amparo de un supuesto carisma cristiano, causó un daño profundo y sistemático a decenas de adolescentes y jóvenes. La decisión eclesiástica fue necesaria, pero resulta insuficiente si el Estado sigue sin traducir esos hallazgos en justicia penal, reparación y verdad.

En cualquier proceso penal, hay víctimas que tienen derecho a una reparación integral. Esa reparación no se limita a la sanción moral que implica ver al agresor condenado; exige también medidas patrimoniales, indemnizaciones, atenciones psicológicas y actos simbólicos que ayuden a que el país recuerde lo ocurrido y evite que se repita. El Perú ha fallado en otorgar todo esto a las víctimas del Sodalicio.

La investigación vaticana, según han informado fuentes eclesiásticas y reportes periodísticos, recogió decenas de denuncias por diversos tipos de abuso y facilitó procesos de reparación canónica que incluyeron acuerdos económicos con varias víctimas, que se sumaron a algunas indemnizaciones que el Sodalicio había acordado al estallar el escándalo. Los detalles completos sobre el número exacto de casos y montos no han sido publicados oficialmente.

La justicia penal tuvo en sus manos la posibilidad de investigar y sancionar delitos como abuso sexual, lesiones mentales graves, asociación ilícita y formas de secuestro psicológico. Sin embargo, los formalismos, los prejuicios y, en algunos casos, la falta de voluntad para procurar justicia a las víctimas hicieron que esas causas se perdieran en archivos fiscales. Como resultado, muchos de esos delitos ya no pueden ser juzgados porque han prescrito, no por falta de gravedad, sino porque el propio trauma impidió a las víctimas denunciarlos a tiempo.

Sin embargo, aún existe un terreno en el que la justicia puede y debe actuar: el económico. El Sodalicio no solo generó un daño moral y físico: creó una red de negocios que incluye colegios, cementerios, universidades e inmobiliarias, con activos que se estiman en cientos de millones de dólares. Parte de esos bienes está vinculada a estructuras como empresas ‘offshore’, lo que hoy es materia de investigación, y representa un desafío para que puedan ser incorporados en eventuales procesos de reparación. El objetivo debe ser claro: identificar ese patrimonio, congelarlo y destinarlo a la reparación de las víctimas si se comprueban irregularidades.

La disolución del Sodalicio fue un paso importante. Pero si el Estado Peruano no traduce en procesos penales efectivos y reparación concreta lo que se ha documentado a nivel canónico, el mensaje a la ciudadanía será igualmente preocupante: que, frente a casos de esta magnitud, nuestras instituciones aún son incapaces de brindar respuestas que estén a la altura del daño causado. No se trata de esperar que las sanciones vengan del exterior, sino de reforzar la confianza en nuestro propio sistema de justicia.

Hoy el Perú tiene pendiente una tarea impostergable. La fiscalía debe dar prioridad a las investigaciones en curso por presunto lavado de activos y rastrear a fondo los bienes y redes económicas vinculadas al Sodalicio. Debe hacerlo con un equipo especializado, capaz de seguir la pista patrimonial y de asegurar que, de comprobarse irregularidades, esos activos sirvan para reparar a las víctimas. El sistema judicial, por su parte, debe dejar atrás los formalismos que solo perpetúan la impunidad y avanzar hacia una justicia que coloque a la víctima en el centro, como eje de su preocupación y de su acción.

Será la justicia la que determine si se cometieron delitos. Lo que no admite discusión es la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas y la necesidad de que las autoridades actúen con decisión para empezar a saldarla. El verdadero desafío es que, frente a hechos tan graves, la justicia peruana no vuelva a fallar.