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Cincuenta y dos cada día, por Marisol Pérez Tello

“Juntos podemos cambiar estas cifras si somos capaces de internalizar que no son 52 niñas violadas cada día… eso es solo estadística. Son nuestras 52 niñas”.

Marisol Pérez Tello Ex ministra de Justicia y Derechos Humanos

Giovanni Tazza

Ilustración: Giovanni Tazza

Carolina de 6 años sale a jugar al parque con el nuevo novio de su mamá, Andrea de 11 apoya a su mamá comprando el pan cerca de su casa, Lia de 10 pasea a su perro, Claudia de 12 va camino al colegio en el Metropolitano, lo hace desde los 9 años porque su madre no puede llevarla.

Cualquiera de ellas podría ser violada en un lugar que forma parte de su vida cotidiana, corre el riesgo de que su padre, tutor, padrastro, primo o tío abuse de esa relación de confianza, todas ellas están expuestas a un sistema que funciona mal y que reacciona solo cuando lo dramático ha ocurrido.

Después de que sucede, solo podemos decirle a su familia que lo sentimos profundamente, acompañarla y exigir justicia.

Las últimas semanas hemos sido testigos del dolor y desesperación de familias enteras por el nacimiento de una criatura del vientre de otra criatura ultrajada por su padre, testigos de la indiferencia y negligencia, de la desidia y el desprecio por la vida.

Hemos sido parte de un tema colectivo que nos hace pensar que cualquiera de esos niños y niñas podría ser nuestro hijo, y que nada podemos hacer para evitar ese riesgo que es real y se demuestra en las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público que te dicen que cada día se presentan 52 denuncias por violación a niñas y niños en el Perú (eso sin contar, por supuesto, los casos no denunciados), y que no hemos logrado controlar eso con penas más severas ni con leyes que en su momento fueron una reacción a dramas similares.

Un ejemplo es la Ley 29685, conocida como Ley Brunito, a propósito de la no aceptación de una denuncia por desaparición. La ley obliga a la PNP a recibir denuncias de menores antes de 24 horas y se publicó el día del cumpleaños de Bruno como para decir que las cosas cambiarían, un antes y un después. Pero nadie monitoreó esa norma, una buena norma, sin duda, aprobada en el 2011 a raíz de la trágica muerte de un niño, que pudo evitarse; como pueden evitarse tantas otras si nos hacemos responsables.

Podemos continuar aprobando leyes y esto es bueno; hay que estudiarlas y no dar normas reactivas, muchas veces populistas. Hay proyectos interesantes que buscan evitar la prescripción, controlar la libido, aumentar las penas y todos podrían estar bien; deben ser evaluados en conjunto con la data que hoy también existe desde el observatorio de la criminalidad, desde el trabajo de la Comisión Nacional de Política Criminal, informes en la Defensoría del Pueblo, recomendaciones de Unicef, esfuerzos intersectoriales como el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. En todos se plantean acciones concretas en temas de prevención, vinculados a contextos que marcan patrones conductuales y permiten identificar zonas y situaciones de riesgo.

Hagamos que funcione más allá de nuestra indignación. Si queremos buscar culpables los encontraremos siempre porque de hecho los hay y deben ser sancionados. Hagamos que funcione más allá de la respuesta inmediata que puede ser correcta, como la campaña para denunciar que no se acepta una denuncia, lo que suena paradójico.

Necesitamos comprometernos y ser parte de lo que queremos para nuestro país. Si se aumentan las penas pero no existe la certeza de que habrá sanción por el alto índice de impunidad no importa cuantos años más se sumen, la certeza de la sanción por una acción es lo único que la limita.

Esa certeza es necesaria y para ello el sistema de justicia tiene que funcionar. Se hacen los esfuerzos institucionales, a veces faltan los recursos, a veces hay retrocesos, algunos malos funcionarios solo cuidan su trabajo, empiezan a culparse unos a otros… y las víctimas se siguen sumando: en promedio 52 denuncias cada día.

Mientras más rápido nos pongamos a trabajar juntos por la justicia, a colaborar con la denuncia aunque se convierta en un problema y nos quite tiempo, a actuar en serio todos juntos, las cosas pueden cambiar. Nuestra indiferencia e indolencia nos pasa la factura en los más débiles de nuestra sociedad, aquellos a los que debemos proteger, en eso por lo menos podríamos estar de acuerdo.

Tenemos que trabajar en prevención. Los tres niveles de gobierno tienen roles, la familia tiene responsabilidades, los ciudadanos tenemos que asumir que la niña que pasa a nuestro lado, y no vemos, podría ser nuestra hija, que los niños son nuestra responsabilidad. Hagámonos cargo.

Debemos diseñar, difundir y monitorear los protocolos de detección temprana en colegios, las cámaras Gesell para niños violentados sexualmente no pueden esperar tres o cuatro meses para citar a una niña, porque ella debe vivir con ese dolor y sus padres con duda, frustración e ira y todos con el riesgo del agresor en libertad.

Tenemos tanto que hacer que no hay tiempo para pelear por pequeñas mezquindades. Debemos poner al Perú primero, y eso en todo lo que hagamos. Necesitamos acción, profesionalismo en las decisiones para enfrentar el problema con respuestas eficientes que ataquen las causas, compromiso en la ejecución, monitoreo y seguimiento.

Juntos podemos cambiar estas cifras si somos capaces de internalizar que no son 52 niñas violadas cada día… eso es solo estadística. Son nuestras 52 niñas. Que nos duela y que ese dolor nos movilice; si no, es más de lo mismo.

Un abrazo fraterno a las familias de las víctimas, a quienes acompañamos hoy impotentes. Lo que hayamos hecho, no es suficiente, unidos podemos hacer más.

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