A ciegas

Una señal de la desinstitucionalización del país en los últimos años ha sido la pérdida del conocimiento de la tasa de homicidios. Ese indicador era elaborado por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), que juntaba a la Policía, el Ministerio Publico, el Ministerio de Justicia y el INEI. La última tasa oficial de homicidios corresponde al 2021, y era de 8.6 por cada 100.000 habitantes. Desde esa fecha no tenemos data oficial verificada al respecto. Andamos a ciegas.

Los analistas trabajan entonces con los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Pero esos datos subestiman considerablemente la cantidad de homicidios. Si tomamos el promedio de los números del Sinadef entre el 2018 y el 2021 y los comparamos con el promedio de los números del CEIC en esos mismos años, vemos que la relación es de 2.2 a 1: las cifras del CEIC eran más del doble. Si aplicamos esa relación a la actualidad, la tasa de homicidios por cada 100.000 no sería de 6.1 (Sinadef), sino alrededor de 13. Pero necesitamos data verificada. La buena noticia es que se acaba de reactivar el CEIC, que ya tuvo su primera reunión el 27 de diciembre. ¡Enhorabuena!

La propia Policía tiene cifras más altas que el Sinadef, aunque no en la proporción mencionada. Por ejemplo, para el 2024 la Policía registró 2.489 homicidios y el Sinadef solo 2.083. La propia cifra de la Policía estaría subvaluada. Si acudimos a las estadísticas del Ministerio Público, ya es la locura: registran ¡18.000! homicidios al año, porque incluyen todas las denuncias y las tentativas de homicidios, sin darse el trabajo de diferenciar.

Se requiere conocer la evolución de la tasa de homicidios para saber dónde estamos. Según el CEIC, la tasa pasó del 7.2 en el 2015 a 8.6 en el 2021. Si ahora estamos alrededor de 13, significa que está creciendo, pero aún estamos lejos de Ecuador, que está en 40, y de Colombia, Venezuela y México, con algo debajo de 30. Todavía gozamos de un “equilibrio de relativa baja letalidad”, pero se debe a que incautamos solo 4 o 5% de la cocaína que producimos mientras en Colombia se incauta más del 30%, y en Ecuador también. Es decir, acá se deja operar. También a la minería ilegal. Quizá por eso el número de asesinatos de figuras públicas (alcaldes, jueces, fiscales, candidatos, autoridades) es mucho menor que en esos países.

Aquí las muertes están asociadas a la extorsión y a la minería criminal en la lucha por el oro. Según la imperfecta data del Sinadef, la tasa de homicidios es mucho más alta en provincias donde campean la minería ilegal o las extorsiones. Ahora bien, un informe del general Arriola sostiene que en Lima Metropolitana ha empezado a bajar el número de homicidios en los dos meses y pico del estado de emergencia. En octubre del 2024 se cometieron 93 asesinatos y en octubre del 2025, 82, y en noviembre del 2024 hubo 104 versus 74 en el 2025, al mismo tiempo que habría caído el número de extorsiones debido al desmantelamiento de varias organizaciones criminales.

Sería buenísimo, ¿pero cómo verificamos?