¿Adiós, responsabildiad fiscal?

Los reflectores están puestos nuevamente sobre las últimas decisiones que ha tomado el Congreso de la República; esta vez, en materia tributaria. La semana pasada, por unanimidad, el pleno aprobó un proyecto de ley que busca efectuar un importante cambio en la composición del Impuesto General a las Ventas (IGV) desde el 2026; un impuesto que, como sabemos, se aplica al consumo de diversos bienes y servicios que cualquier persona demanda en el territorio nacional, y que se mantiene como una pieza clave en la composición de ingresos del Tesoro Público de nuestro país.

En la actualidad, el IGV se compone de dos variables: un gravamen efectivo a las ventas, que asciende a 16% y va directamente a los ingresos del Gobierno Central; y otro tributo que se conoce como el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que equivale a un 2% del IGV total. Este último es destinado al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), donde se destinan recursos para los gastos de inversión de las municipalidades del país. Ambos conceptos dan como resultado la cifra final de 18% de IGV que, de hecho, no será modificada: lo que el Congreso busca cambiar, satisfaciendo una demanda que ha permanecido por años en la agenda de los municipios a nivel nacional, es la proporción de los gravámenes que componen dicho IGV, reduciendo el Impuesto a las Ventas de 16% a 14% para que el IPM, en contraste, ascienda de 2% a 4%.

De ser promulgado, el proyecto implicaría una pérdida de S/10.000 millones para el fisco; una suma importante para los gastos básicos que el Gobierno Central demanda en la actualidad. No sorprende por ello que la iniciativa haya sido duramente criticada por varios exministros de Economía y especialistas en la materia. Lo sorpresivo, y que va contra toda lógica, es que el actual ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, se haya manifestado a favor de una norma sobre la que el MEF no fue formalmente consultada, dejando de lado cualquier interés por cuidar la sostenibilidad fiscal que alguna vez fue un objetivo fundamental de la entidad que representa.

La ley aprobada ha sido muy bien recibida por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, que por años ha solicitado que se les otorgue más dinero a través del Foncomún. Pero al cierre del 2024, según cifras recopiladas por Cómex-Perú, las más de 1.800 municipalidades de nuestro país ejecutaron apenas el 70% del presupuesto de dicho fondo, que ascendió a S/2.264 millones, demostrando una vez más que no se trata de falta de recursos, sino de la capacidad vigente para ejecutarlos. ¿Qué le hace pensar esta vez al Congreso que esa amarga realidad será distinta sin reformas y cambios necesarios de por medio?

Argumentos como los expuestos líneas arriba hacen que sea inevitable pensar en motivaciones políticas que pueden haber llevado a que se apruebe esta criticada norma –especialmente en un año preelectoral–. De darse su promulgación, que ha sido prácticamente garantizada por el Ejecutivo, solo nos quedará esperar, una vez más, a que las consecuencias nos golpeen más adelante.