‘Advocatus diaboli’

“Amor, ¿qué hay en la tele?”. La pareja responde: “A ver, tenemos a César Azabache en RPP, a Benji Espinoza en Canal N, anuncian a Lamas Puccio en Panamericana y entrevistan a Romy Chang en Latina. Creo que escogemos a Benji para ver cómo reacciona ante tremendo misil que le lanzó Rosa María desde su podcast. Ah, por favor, sírveme una gaseosa y trae nuestro ejemplar de la Constitución para poder seguir los argumentos”.

Según la Real Academia Española, “abogadismo” es la “intervención desmedida de los abogados en asuntos públicos”. En los años 90, el escenario político fue dominado por los economistas. Para el ajuste estructural se necesitaban tecnócratas liberales y un paradigma indiscutible. Y, una vez normalizado el modelo, se gobernó en piloto automático.

En el nuevo milenio, sin embargo, poco a poco aumentó la figuración de abogados y abogadas. La primera ola se dio en el proceso de enjuiciamiento de los responsables del autoritarismo fujimorista, su corrupción y violación de los derechos humanos; una etapa que culminó con el juicio a Alberto Fujimori. Unos años después, Lava Jato y Odebrecht nos abrieron la puerta a una segunda ola con el continuo desfilar de jurisconsultos en el horario estelar. Tan entusiasmados estábamos con la caída y encarcelamiento de tanto poderoso coimeado, que transformamos a los fiscales Pérez y Vela en figuras ‘pop’ (polos con sus caras incluidas). Ya entonces se hablaba de la “judicialización” de la política.

Iniciado el gobierno de PPK, no obstante, el protagonismo del derecho penal tuvo que ceder algo al constitucional y se inició la tercera ola. Los intentos fallidos de vacancia rápidamente fueron seguidos de pedidos de confianza, balas de plata, disolución y, al final, una vacancia que sirvió de poco a sus promotores. Finalizada la segunda vuelta en el 2021, entramos en la cuarta ola, iniciándose con los infructuosos intentos de declarar el fraude electoral hasta nuestra actual dinámica de denuncias y contradenuncias.

No quiero que se interpreten mal mis observaciones. Sino más bien que se entienda que –a pesar de que muchas de las estrategias legales sean necesarias– están muy lejos de ser suficientes. En el fondo, nadie quiere irse y eso es un problema político y no legal.

Lo que está alimentando la litigación es el pecheo; por ejemplo, tú me denuncias, yo te acuso ante la OEA. La autoridad (sea fiscal o presidente) se presenta ante el público con sus subalternos al fondo, cual fuerza de choque (¿fue Keiko la que empezó esta costumbre?). Pero si ninguna de las partes está dispuesta a dar una salida constitucional al impasse –es decir, una decisión política (renuncia, vacancia, disolución)–, entonces los procesos legales podrían tomar años y con magros resultados.

Estos tejes y manejes abogadiles, especialmente los utilizados por la defensa, ¿han logrado mejorar la situación de nuestro sistema político? Es evidente que no. Toda posible solución legal conduciría a elecciones bajo las mismas condiciones que produjeron nuestro actual descalabro. El despliegue de tantas tácticas legales, ¿ha despertado al ciudadano común y corriente de su letargo? No, realmente. Lo único que se escucha es un “que todos se vayan” murmurado, pero esto no debe ser confundido como una estrategia de reforma, sino más bien como desesperación.

Estamos en un juego entre la clase política y la ciudadanía que la teoría calificaría como de “suma cero”. Toda ganancia de uno significa pérdida para el otro porque no hay espacio para la colaboración y el acuerdo. El interés de los sectores que dominan la actual clase política es seguir manteniendo un sistema sin partidos, con cacicazgos, nula transparencia, prontuariados y corruptos: el predominio del beneficio personal sobre el público. En eso se parecen Legislativo y Ejecutivo. La ciudadanía es la que paga el pato.

El pasado lunes en este Diario, Fernando Tuesta enfatizaba la necesidad de retomar e impulsar la urgente reforma política que necesita el país y cito “sin ella, la posibilidad de salir de este círculo perverso en el que estamos sometidos es casi nula”. Y es ahí hacia donde debemos concitar la energía y el interés ciudadano, incluyendo las importantes contribuciones de los expertos legales.