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En el 2025, las agroexportaciones romperían un nuevo récord al superar los US$12.500 millones. Solo entre enero y setiembre del 2025, llegaron a US$8.300 millones, lo que implica un crecimiento del 20,1% frente al valor del mismo período el año anterior, y una cifra récord. Y esto ha ocurrido pese a las tensiones comerciales generadas por Donald Trump en su llegada a la Casa Blanca. Así, a pesar de que desde abril Estados Unidos impuso una tasa arancelaria del 10% a todos los productos peruanos, nuestras exportaciones a ese país aumentaron un 18,4% entre enero y setiembre.
Este es un avance enorme si recordamos que en el 2001 el valor de nuestras agroexportaciones era de US$437 millones. ¿Qué fue lo que hicimos bien? Sacamos adelante políticas públicas bien diseñadas: desarrollamos infraestructura (carreteras, proyectos de irrigación), celebramos tratados de libre comercio y un régimen laboral agrario, adaptado a la estacionalidad del sector, que permitió mejoras sustantivas en productividad. Todo ello generó un marco atractivo para la inversión privada que apostó valientemente por el desarrollo del agro. Así, convertimos al sector agroexportador en uno de los más dinámicos de nuestro país.
Este dinamismo se ha reflejado también en un aumento del empleo formal del 23% frente al 2024. Un logro importante en un sector que es tradicionalmente el que tiene la mayor concentración de empleo informal: nueve de cada 10 trabajadores agrícolas son informales. Pero, al mismo tiempo, el sector es sumamente importante para la economía, ya que uno de cada tres trabajadores en nuestro país se dedica a la agricultura.
Pese a las impresionantes cifras de la agroexportación peruana, poco decimos sobre los pequeños agricultores. El 80% de la agricultura nacional se desarrolla en parcelas de menos de dos hectáreas. Esta fragmentación impide que los agricultores puedan hacer inversiones en insumos y en tecnología, además no tienen acceso a asistencia técnica ni integración a cadenas productivas lo que impacta en la productividad del sector. El IPE calcula que solo el 7% de los agricultores peruanos cuenta con acceso a riego tecnificado. Además, el 28% de los agricultores son de subsistencia. Esto significa que no venden sus productos en el mercado, ya que su producción es para autoconsumo. En regiones como Puno se trata de más del 50% de los agricultores. Nos olvidamos de los más pequeños y no desarrollamos una política pública que les permita desarrollarse, crecer, aumentar su productividad y escapar de la pobreza.
¿Cómo logramos revertir esta situación? Lo primero es asignar recursos adecuados para que haya una adecuada articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, para implementar programas de capacitación técnica, asociatividad, proyectos de irrigación y acceso a mercados. Y aquí el sector privado tiene un rol importantísimo. Necesitamos promover la organización de agricultores a través del desarrollo de una estrategia con enfoque territorial, que considere la diversificación de cultivos y emprendimientos, formando clústeres e incorporándolos a cadenas productivas. El reto es enorme, pero el sector privado tiene la experiencia y el conocimiento que los pequeños agricultores y el Estado no tienen.
Y, entonces, si el contraste dentro del sector es tan grande, ¿tiene sentido una ley que reduce el impuesto a la renta de las grandes agroexportadoras del 29,5% al 15%? Waldo Mendoza lo dijo claramente en el Foro Liderazgo Ciudadano, factor clave en el desarrollo: “Los beneficios al sector agroexportador son el equivalente a llevar el programa Juntos a Casuarinas”.

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