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En nuestra agitada realidad informativa, las noticias relevantes suelen pertenecer a dos géneros: o al horror que dibujan los fatales efectos del crimen o a la comedia de enredos que describen los tropiezos de nuestras autoridades –y sus serias consecuencias–.
En este último grupo se inscribe la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que obliga al Banco Central de Reserva (BCR) a modificar el diseño de las monedas y billetes amparándose en una ley que el Congreso aprobó a fines del año pasado.
Y el embrollo incluye al Ejecutivo, pues el propio gobierno de Dina Boluarte fue el que presentó en el 2023 el proyecto de ley para armonizar, regular y establecer los símbolos de la patria y que se convirtió en la Ley 32251.
Entre otras medidas, la ahora ley establece que las monedas y billetes deben llevar el escudo nacional y ya no el escudo de armas, como ha sucedido desde que fue creado el BCR. Todo esto, basado en un decreto ley firmado en 1950 durante el gobierno militar de Manuel Odría.
¿Cuál es la diferencia? El escudo de armas tiene una rama de palma a la derecha y una rama de laurel a la izquierda, mientras que el escudo nacional tiene un estandarte nacional y una bandera nacional a cada lado.
Lo increíble de esta trama es que ni el Ejecutivo, que presentó el proyecto, ni la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi que lo aprobó, ni el Tribunal Constitucional tomaron en cuenta la posición del BCR sobre los costos y las consecuencias de un cambio de esta naturaleza, que incluyen renovar la vigencia de una resolución legislativa de 1825 que determinaba que las monedas debían llevar el lema “Firme y feliz por la unión”.
El presidente del BCR, Julio Velarde, ya ha advertido que esta decisión obligará a cambiar el tamaño a las monedas de menor denominación, haciendo que las máquinas que reciben monedas no las reconozcan, o hacer el escudo mucho más pequeño, lo cual dificultaría que se reconozcan los elementos de seguridad que las diferencian de las monedas falsas.
Lo paradójico de esta situación es que esas monedas pequeñas han sobrevivido más de 30 años en nuestros bolsillos, precisamente, porque el BCR ha cumplido su rol constitucional de proteger el valor del sol peruano. Lástima que, en lugar de hacerse a un lado, el resto del Estado decida complicar su labor y, de paso, hacer que las monedas nos recuerden a cada momento lo inestables e infelices que estamos obligados a vivir los peruanos por la incapacidad de nuestras autoridades.
