Cámaras, patrullas y promesas

Cada período electoral municipal reaviva una escena ya conocida: candidatos prometiendo ciudades libres de delincuencia, planes de seguridad con despliegue de cámaras, patrullas y vigilancia, como una fórmula mágica. Esta retórica populista persiste a pesar de que muchos de estos aspirantes carecen de formación en seguridad pública. El fenómeno plantea una inquietante pregunta: ¿por qué seguimos depositando esperanzas en promesas que, por diseño institucional, no pueden ser cumplidas?

La seguridad ciudadana debe ser abordada por los gobiernos locales desde el marco de sus competencias reales: la mejora del alumbrado público, la recuperación de espacios públicos, la limpieza urbana, la instalación y mantenimiento de cámaras de vigilancia, y la articulación de estrategias de prevención y recolección de información. No obstante, muchos candidatos asumen atribuciones que no les corresponden y que desbordan el alcance legal de la función municipal. Es llamativo cómo la ciudadanía, en su desesperación frente a la inseguridad, parece aceptar e incluso exigir que los alcaldes se conviertan en jefes de seguridad, cuando ni tienen la formación, ni el marco legal ni los recursos técnicos para cumplir ese rol. Así, postulantes con profesiones diversas se presentan como salvadores, cuando su conocimiento sobre prevención del delito no va más allá de haber sido alguna vez víctimas de este. El resultado: una ciudadanía que siente haber sido engañada. Algunos argumentarán que los alcaldes pueden subsanar sus carencias mediante asesores especializados; otros, que las cifras de criminalidad se reducen bajo su gestión. Pero estas justificaciones suelen sustentarse en informes confeccionados para satisfacer las expectativas de campaña, más que para reflejar la realidad. A esta ficción contribuye el silencio de la PNP, que permite que la responsabilidad por la inseguridad recaiga en las autoridades municipales, desdibujando los límites institucionales.

La raíz de esta confusión no es reciente. Desde los ochenta, algunos distritos impulsaron mecanismos de autovigilancia vecinal. En los noventa, el serenazgo se institucionalizó como cuerpo auxiliar, y en el 2012 se formalizó su rol dentro del sistema, bajo la coordinación de la PNP. El serenazgo fue concebido como una fuerza de apoyo preventivo, no como instancia de control criminal. Sin embargo, la crisis institucional en la PNP ha debilitado su capacidad operativa. Esta fragilidad ha sido aprovechada por la clase política local para asumir protagonismo en temas de seguridad, desplazando en el imaginario ciudadano a la PNP como principal responsable del orden público.

En este escenario, cabe mencionar el papel del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec), órgano obligatorio en los gobiernos locales. Este tiene como objetivo planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de seguridad en cada distrito. Paradójicamente, el Codisec es presidido por el alcalde, figura sin competencias técnicas específicas en seguridad, mientras que el comisario participa sin estar subordinado funcional ni jerárquicamente al gobierno municipal.

El diseño institucional es disfuncional. Se espera que quien menos sabe del tema (el alcalde) dirija a quien más sabe (el comisario). Este contrasentido mina la eficacia de las estrategias locales de seguridad y perpetúa un sistema en el que se sigue responsabilizando a la autoridad edil por los fracasos que no le corresponden, y eximiendo a la autoridad nacional, que sí tiene el deber y la competencia de garantizar el orden interno.

La solución no es sencilla, pero empieza por un ejercicio de responsabilidad ciudadana e institucional. Los electores debemos informarnos sobre las funciones de nuestras autoridades locales. Los candidatos deben evitar inducir a error al electorado con promesas irrealizables y comprometerse con lo que sí pueden hacer: liderar una política preventiva eficaz, exigir el cumplimiento del rol de la PNP y promover una articulación efectiva con todos los actores del sistema y destinar sin escatimar los recursos municipales.

Insistir en promesas vacías no solo erosiona la legitimidad democrática, sino que perpetúa un ciclo vicioso en el que el reclamo ciudadano apunta al lugar equivocado. El primer paso en la lucha contra el crimen es reconocer quiénes son los verdaderos responsables de la seguridad pública y exigirles que asuman su rol.