Si la centroderecha no quiere llegar al 2026 asociada a un gobierno de baja aprobación, debe aprender a ejercer una oposición seria y exigente a partir de una agenda que resuelva los problemas que han dañado severamente nuestro crecimiento y nuestra gobernabilidad.
Eso comienza por tomar conciencia de que la confianza en la viabilidad nacional se ha destruido luego de años de anarquía, polarización, populismo político y económico, de la elección de Pedro Castillo y de las violentas movilizaciones. Y que esa confianza no se va a restablecer destrabando algunos proyectos o ejecutando mejor, lo que, por lo demás, está por verse. El asunto es político y estructural. El Perú ya no crece, la pobreza aumenta año a año y el sistema político no funciona.
Lo primero es zafarse del reflejo populista que ni siquiera da réditos políticos porque la aprobación de este y los últimos congresos no ha aumentado un ápice cuando, sin necesidad de asamblea constituyente, se han ido aprobando todas esas leyes que solo han servido para socavar los pilares del modelo económico que nos había permitido crecer a tasas altas. Basta recordar la ley que derogó el régimen agrario que había permitido la explosión agroexportadora con gran formalización laboral, o la descapitalización de los fondos de pensiones que son la base del ahorro nacional y personal con los sucesivos retiros que aun ahora se siguen proponiendo, o los topes a las tasas de interés que han expulsado a más de 100.000 pequeños emprendedores a las fauces del agio y el gota a gota, o las sobrerregulaciones laborales, ambientales y sectoriales que impiden el crecimiento de los pequeños, para no hablar de las leyes anti meritocracia que nombraron a todos los CAS y a los trabajadores de Essalud sin evaluación ni concurso, entre otras.
A lo que hay que agregar decretos de Castillo que fomentan las huelgas y destruyen la libre contratación y, ahora, un proyecto de ley de pensiones del Ejecutivo enviado al Congreso que potencia el sistema público de reparto que podría crear un déficit fiscal inmanejable a largo plazo, y un proyecto de ordenamiento territorial que afectaría la inversión minera.
La centroderecha tiene que salir de la pequeña política y pensar en grande, elaborando un plan de reformas que le permitan al Perú recuperar el crecimiento acelerado, poniéndose en los zapatos de los millones que no tienen empleo firme ni oportunidades, ni ingresos suficientes. Y, si no lo hace, el Ejecutivo debería hacer cuestión de confianza sobre esas reformas, aunque eso sea soñar despierto. La sociedad civil y empresarial tiene que proponerlas y exigirlas, ofrecer su apoyo, procurar espacios de diálogo social y sugerir nombres para elevar la calidad del Gabinete. Tiene que despertar.
Una oposición de centroderecha seria y firme incluye demandar mejores ministros en sectores clave como Economía y Energía y Minas, exigir que se ejecute el proyecto Tía María para cambiar radicalmente el clima de inversiones en el país, fiscalizar que se aplique el decreto legislativo que hace obligatorio el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para todas las normas a fin de simplificar regulaciones asfixiantes, llamar al ministro del Interior para que explique el plan para combatir el crimen organizado y las extorsiones, supervisar que se estén ejecutando los trabajos preventivos del fenómeno de El Niño que estarían muy atrasados, con mapa de cada región y sesiones públicas. Tenemos que ver los avances.
Y, por supuesto, aprobar de una vez las reformas políticas necesarias para asegurar la viabilidad de nuestra democracia y de nuestro desarrollo, hoy amenazados, para que en el 2026 no haya 30 o más partidos postulando, sino muchos menos, para que los mejores ciudadanos regresen a la política y para mejorar la calidad de las leyes y la gobernabilidad.