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La alarmante volatilidad ideológica del Gobierno revelada en los temas de Petro-Perú y Venezuela podría gatillar un punto de inflexión en su relación con el Congreso. Ya Fuerza Popular emitió un comunicado cuestionando el abandono de la posición firme frente a las elecciones venezolanas y lo propio han hecho congresistas de otras bancadas de centroderecha. Acaso era la oportunidad que estaban buscando para tomar distancia de una presidenta cuyo abrazo puede ser abrasador. El pacto tácito de gobernabilidad podría romperse.
Pero hay razones de fondo para estar preocupados. Javier González-Olaechea no solo lideró en la región una posición clara y contundente contra el descarado fraude de Nicolás Maduro, sino que, al mismo tiempo que organizó un muy exitoso viaje presidencial a China –que traerá beneficios a nuestro país–, gestionó la integración del Perú a la Asociación para los Minerales Críticos impulsada por Estados Unidos y a otros dos acuerdos con ese país, a fin de equilibrar la influencia China en el Perú. Y aprovechar más bien la lucha geopolítica en provecho nacional.
Iván Arenas sugiere en “Perú 21″ que ese hecho y la conversación de la presidenta con Lula pudieron estar detrás de la salida del excanciller. Sería preocupante, porque lo cierto es que el Perú, dada su posición estratégica en el Pacífico sur, tiene que aprender a jugar en el tablero de la geopolítica global (de la geoeconomía, en este caso) sin entregarse a ninguna de las partes. González-Olaechea estaba delineando una estrategia inteligente para eso.
El asunto, sin embargo, se complica porque, si en el plano económico tenemos que sacar ventajas de los polos, en el plano político, de la democracia, no caben posiciones intermedias ni vergonzosos retrocesos como el que ha ocurrido. Es un asunto de principios y de sobrevivencia de nuestra propia democracia.
Pero resulta que la lucha geopolítica es también la que se da entre autocracias y democracias. De hecho, Maduro tiene el apoyo de una red de autocracias que incluye a Rusia, China, Irán, Turquía, Bielorrusia y Cuba. El Perú, en lugar de ceder a ese eje, debería aprovechar su relación con China para persuadirla –soñar no cuesta nada– de que juegue un papel facilitador para la transición democrática en Venezuela, algo que le convendría para recuperar los US$65.000 millones que ese país le debe, asegurándole un porcentaje de la producción de una PDVSA recuperada. Para eso sí serviría la diplomacia.
La tara ideológica también influye en el tema de Petro-Perú, dejando abierta la sangría. El triunfo de la sensatez que significó mantener al directorio ha sido pírrico, y quizás no dure mucho. La presidenta tiene aversión ideológica a privatizar. Pero aquí estamos hablando de incorporar capital privado para revitalizar, tecnificar, fortalecer y darle gestión a la empresa estatal, paradójicamente, la mejor manera de realizar el sueño estatista de una empresa petrolera nacional fuerte. Es lo que hicieron Colombia con Ecopetrol, Brasil con Petrobras, China con PetroChina y Sinopec, India con Indian Oil Corporation, Tailanda con PTT Public Company Limited e Indonesia con Pertamina. De lo contrario, mejor liquidarla.