Reconstruir el poder central

En el Perú hemos pasado de la concentración relativa del poder en los 90 a una fragmentación política y estatal extrema en los últimos años, que nos acerca a la anarquía. Por eso, la democracia peruana ya no funciona.

La democracia liberal se funda en la fragmentación del poder para evitar que su concentración en una o pocas manos arrase con los derechos de los demás. De allí la división de poderes e incluso la división del Congreso en dos cámaras, para que una controle los excesos de la otra. Pero la democracia debe aspirar también a ser eficiente. Y, para eso, el secreto está en un equilibrio entre la concentración y la fragmentación. Ese equilibrio se da en la división de poderes cuando el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso. Pero la presidente no tiene un solo congresista. Tiene, sí, una mayoría tácita, espuria e interesada, sin contrapeso. Eso, sin embargo, es mejor que la confrontación brutal entre poderes.

Se multiplican el número de bancadas y el número de partidos inscritos. Por eso, es positiva la propuesta de eliminar los movimientos regionales, tal como se eliminaron los distritales y provinciales años atrás. Esos movimientos, algunos de los cuales se organizan para asaltar el botín presupuestal, depredan a los partidos e impiden que se consoliden partidos políticos nacionales. Pero son demasiados partidos. Se requiere una ley que incentive las alianzas, eliminando el punto adicional en la valla electoral por cada partido adicional.

Los partidos como tales han perdido sustancia y poder. Lo mismo que los medios de comunicación. Las redes los han depredado, conformando multitud de cámaras de eco incomunicadas entre ellas. Es la fragmentación absoluta de la esfera pública.

La fragmentación extrema se da al interior del sistema de justicia, convirtiéndolo en un campo de batalla y en un centro de abusos y corrupción. Por eso, es positiva la propuesta de Natale Amprimo de crear un tribunal de honor temporal para designar una nueva Junta de Fiscales Supremos integrada por personas de altas calificaciones morales y profesionales, para recuperar el orden y la justicia en el Ministerio Público.

El derecho mismo está fragmentado. Las leyes son solo para los que pueden cumplirlas. Los códigos procesales, burocráticos, redundantes e impracticables generan juicios interminables. Así, la justicia es para pocos. El Estado de derecho tiene poca cobertura. En el grueso de la población funcionan leyes particulares.

Lo mismo en lo económico: la proliferación creciente de regulaciones asfixiantes fragmenta la sociedad en unos pocos formales y en una mayoría de informales. Se debe restablecer la libertad económica para reintegrar al país.

Además, la descentralización fragmentó al Estado, incapacitándolo para proveer servicios sociales y obra pública. Fernando Cillóniz propone que la salud y la educación estén en manos de una autoridad nacional autónoma altamente meritocrática al estilo del Banco Central de Reserva. Y la formalización de los mineros informales, clave para la consolidación del Estado de derecho, debe estar en manos de una autoridad central.

El Perú tiene que reconstruir el poder central y derogar la legalidad excluyente, si quiere ser viable.