Trujillo, una ciudad sitiada

Recuerdo otro Trujillo. No esta ciudad que hoy despierta estremecida por el eco de los explosivos, acorralada por un miedo que se ha instalado en cada esquina, sino aquella donde mis pasos se confundían con la calma de las plazas, el rumor discreto de los balcones abiertos y la convicción ingenua de que el terror pertenecía siempre a otros lugares.

Evoco en la memoria mi época juvenil, cuando trabajé algunos años como director de “La Industria” y visitaba a mis familiares en una urbe que se sabía orgullosa, culta, segura de sí misma. Una ciudad que respiraba al ritmo de sus fiestas patronales, que se desvelaba en sus debates académicos y encontraba en la cultura un refugio compartido, mucho antes de que la sección policial de los periódicos devorara cada conversación y convirtiera la vida cotidiana en un inventario de sobresaltos.

Era una ciudad donde se podía caminar sin mirar atrás, donde los comerciantes discutían precios y no “cuotas”, donde la palabra “extorsión” apenas figuraba como nota marginal en los partes policiales. Trujillo era entonces un refugio de calma, un lugar donde uno podía confiar en que las amenazas quedaban lejos, donde el sonido de las campanas pesaba más que el de las sirenas.

Hoy, sin embargo, esa ciudad se ha desvanecido. Lo que permanece en pie –sus casonas, sus plazas, sus calles– parece ocupado por un nuevo dueño: el miedo. El crimen se ha convertido en su urbanista: redibuja los barrios, traza fronteras invisibles, dicta horarios y precios, decide quién vive y quién muere. Y lo hace con la complicidad muda de un Estado ausente, demasiado entretenido en recitar planes de seguridad que se disuelven como el humo, mientras los delincuentes redactan, día tras día, la verdadera agenda de una ciudad sitiada.

El atentado con dinamita de la semana pasada, con una decena de heridos y más de 20 casas dañadas, no fue un rayo en cielo sereno: fue la confirmación de una guerra larvada. Los comerciantes viven con la amenaza en el bolsillo, los transportistas calculan sus rutas al compás de los pagos de cupo, las familias saben que la vida de sus hijos puede negociarse en billetes pequeños. La extorsión ya no es delito: es impuesto, tarifa, tributo.

Y, mientras tanto, las autoridades al mando de César Acuña se refugian en estadísticas discutibles, en “tendencias a la baja” que nadie percibe en la calle. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte responde también con la coreografía de siempre: estados de emergencia, operativos relámpago, desfiles de policías para las cámaras. Una liturgia de la ineficacia que no altera nada. Porque los criminales no esperan conferencias de prensa: actúan.

Lo que ocurre en Trujillo debería estremecer al país entero. Ya no hablamos de delitos aislados, sino de la consolidación de un poder paralelo. Basta mirar al Vraem para entender lo que significa ceder un territorio al crimen: Sendero Luminoso convertido en un clan de narcotraficantes, controlando rutas y cultivos, atacando al Estado con impunidad. Si Trujillo se convierte en espejo de ese despojo, el futuro de nuestra gobernabilidad penderá de un hilo tan frágil como una mecha encendida. Trujillo fue tranquilo, sí. Hoy es la advertencia más clara de lo que ocurre cuando el Estado abdica. Y si no reaccionamos, esa advertencia dejará de ser aviso para convertirse en epitafio.