Descalificando al adversario, por Jaime de Althaus

Martín Tanaka insiste en la tesis de que tenemos en el Perú una nueva “derecha extremista” que amenaza la democracia. Explica que una expresión de esa tendencia es la “Carta de Madrid” firmada por algunos políticos peruanos.

Es curioso, porque la Carta de Madrid es firmada por políticos de varios países que se comprometen no a destruir sino, por el contrario, a defender “la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”. Precisamente contra los regímenes que suprimen esos derechos. Pero a Martín Tanaka le parece una expresión de ultraderecha y macartista que en la carta se diga que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

¿Esa afirmación es una alucinación política de los firmantes? ¿Qué es, si no, lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba?

También le parece propio de una derecha extremista que se diga que ese proyecto ideológico “tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de derecho”. ¿No ocurrió así en Ecuador y Bolivia? ¿Los gobernantes de esos países no alumbraron asambleas constituyentes –como en Venezuela– que les permitieron controlar los poderes del Estado suprimiendo los controles horizontales? ¿No formó eso parte de un movimiento continental con voluntad expansiva (Alba, Foro de São Paulo) impulsado también por el propio Lula da Silva?

Los excancilleres Allan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, junto a varios vicecancilleres, serían entonces ultraderechistas por haber denunciado la reunión de Runasur y haberle luego respondido a la cancillería que “la iniciativa denominada Runasur […] no constituye simplemente un cónclave de pueblos originarios sino, como consta en sus documentos, de un proyecto geopolítico transnacional que busca constituir una América Plurinacional mediante el reemplazo de las repúblicas por estados plurinacionales gobernados por asambleas constituyentes originarias”.

No hay que ser de derecha extremista para percatarse de que la asamblea constituyente impulsada por Perú Libre y alentada por el presidente Castillo en diversas ocasiones sigue el mismo guion de las asambleas bolivarianas. Es un recurso retórico goebbeliano acusar de antidemocráticos a quienes tratan de prevenir un designio precisamente antidemocrático.

Y no hay que ser de ultraderecha o fascista para sospechar que hay incapacidad moral cuando se designa ministros neosenderistas o prontuariados, o cuando se pone en el Ministerio del Interior a un titular indirectamente favorable al narcotráfico, o cuando se presiona para ascensos de militares o a la Sunat para favorecer a empresas, o se recibe visitas y regalos de personas que luego ganan licitaciones.

Tampoco para pedir que se restablezca el principio de autoridad en el sector minero y denunciar que funcionarios se suman a la extorsión a Las Bambas con demandas que ni siquiera son ambientales o sociales, sino de dinero y contratos, y que se pretende cerrar minas ilegalmente.

Sin embargo, es verdad que hay, en algunos sectores, un cierto macartismo, en el sentido de que se incluye en el calificativo de comunista a todo aquel que tenga alguna inclinación izquierdista. No se distingue, entonces, a izquierdistas demócratas de aquellos que siguen buscando la toma indefinida del poder total y la estatización de la economía, como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Y, sin duda, ese macartismo no es bueno para el diálogo civilizado, porque descalifica al interlocutor. Pero lo mismo ocurre desde el otro lado, cuando se etiqueta de ultraderechistas a tres partidos presentes en el Congreso. De extrema derecha son, por ejemplo, en Europa, Viktor Orbán (Hungría) o Jarosław Kaczyński (Polonia), que eliminan la independencia de la prensa y del Poder Judicial y fomentan la xenofobia. Aquí no hay ahora nada de eso, en la derecha.