Un ministerio del sombrero

Como en el show de magia más aburrido del mundo, en materia de modernización del Estado el gobierno de Dina Boluarte parece haberse aprendido solo dos trucos: crear entidades o fusionarlas.

En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias del año pasado, la presidenta destacó la aprobación de la ley que creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), una entidad diseñada para acelerar la construcción de proyectos emblemáticos. Poco después, a finales del 2023, el Gobierno constituyó el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), para mejorar la calidad de las obras que ejecutan los gobiernos regionales y locales, y evitar que terminen paralizadas por errores en su diseño.

¿Era ese el camino correcto para resolver los graves problemas en materia de infraestructura? Nunca lo sabremos, pues estas dos figuran en la lista de las 13 entidades de distintos sectores que el Gobierno plantea que sean absorbidas por el ministerio de infraestructura, cuya creación fue uno de los pocos anuncios llamativos del larguísimo y desangelado discurso de Boluarte este año. Sin embargo, que la ANIN y el OEDI no hayan conseguido sus objetivos, y que desde el propio Gobierno se plantee desaparecerlas para concentrar sus funciones en otra entidad revela que la creación de entidades sirve para generar titulares, pero no para mucho más.

Leer el proyecto de ley enviado al Congreso permite comprobar el poco cuidado que se ha puesto en detallar la forma en la que este nuevo sector va a hacer la diferencia en la ejecución de proyectos. La propuesta –de seis páginas– define cuáles serán sus funciones y qué entidades serán absorbidas, pero no especifica cómo, por ejemplo, se va a relacionar con los gobiernos regionales y locales para aumentar su eficacia en la implementación de obras, cómo va a destrabar de manera efectiva los proyectos paralizados, cómo se va a evitar que la centralización de funciones y presupuesto redunde en riesgos de corrupción o cómo se armonizarán las funciones y el personal de las entidades que desaparecerán.

Al menos ya sabemos que Pro Inversión no está en la lista de organismos que serían absorbidos, pero en el otro anuncio relevante del discurso, la fusión de cuatro ministerios en dos, aún parece que ni el Gobierno tiene claridad sobre cuáles serán.

Ya deberíamos haber aprendido que la eficacia de nuestro aparato estatal no se mejora moviendo fichas en el organigrama del Estado, sino colocando a los funcionarios más capaces y probos en todos los niveles jerárquicos. Si no, lo único que logrará el Gobierno sacándose un nuevo ministerio del sombrero es reorganizar las incapacidades y la corruptela.