El cheque en blanco del 2026

Cada votación ciudadana en el Perú representa la mayor delegación de poder presidencial, parlamentario, regional o municipal que a nombre de la nación reciben los elegidos, a cambio de prácticamente ningún compromiso de servicio público eficiente y honesto, del cual tengan que rendir cuentas.

Los peruanos no podemos seguir emitiendo electoralmente cada cinco y cuatro años cheques en blanco de poder político, económico y financiero a presidentes, parlamentarios, gobernadores y alcaldes sin rigurosos controles previos a sus mandatos, durante sus mandatos y al final de sus mandatos.

He aquí el detalle dramático: ¿cuál es la responsabilidad vigilante de las autoridades del sistema electoral sobre esa delegación máxima de poder a quien o quienes esas mismas autoridades proclaman y fidelizan?, y por supuesto, ¿cuál es la responsabilidad intrínseca real y efectiva que asume cada elegido más allá de la juramentación protocolar de su cargo y funciones?

Y antes de que ello se produzca y antes de que tengamos a candidatos corriendo en las encuestas y en dirección de los puestos que anhelan, con solo el requisito de la edad permitida, ¿cuál es también la responsabilidad intrínseca, real y efectiva, de los partidos políticos a la hora de seleccionar a sus postulantes?

Lo que suele ocurrir hasta hoy es que los partidos políticos pierden control y vigilancia sobre los finalmente elegidos por el voto popular que ellos admitieron como candidatos, lo que da lugar, en el caso de los parlamentarios, al fácil, desleal e inmoral transfuguismo.

Será capaz el JNE de parar en seco, desde ahora, y en la oportunidad que viene, el 2026, la abierta y escandalosa suscripción de un cheque en blanco de poder presidencial y legislativo, y dar un paso radical distinto, haciendo que a cambio tengamos un compromiso de origen de los elegidos de sometimiento a las reglas legales y constitucionales de control y rendición de cuentas.

Quienes van a tener funciones de Gobierno y Estado, y van a tener en sus manos no solo el manejo de decisiones y responsabilidades de administración pública, además de presupuestos de miles de millones de soles orientados a infraestructura y gasto social, no pueden alegremente hacerse cargo de todo esto sin pasar, en primer lugar, por un escrutinio electoral capaz de medir sus competencias, y una vez elegidos, por sistemas de control que los parlamentarios de hoy, por ejemplo, los evitan, amparados en la liberación de un “mandato imperativo”, absolutamente falaz.

Una maniática investigación fiscal no puede hacer del ejercicio presidencial un permanente muñeco imputado, como cada ejercicio presidencial tampoco puede ser un alarde monárquico de hacer lo que le venga en gana. La autonomía fiscal no puede ser un cheque en blanco para perseguir al poder político, como tampoco el poder congresal puede confundir su función representativa con la administración de un botín político y económico particular.

El cheque en blanco del poder político se emitirá, por desgracia, una vez más, o se cambiará por un compromiso efectivo y responsable de los elegidos con los destinos del país. Esa es la cuestión.