El Perú se sostuvo desde las regiones

Desde diciembre de 2022, el Perú vive una inestabilidad política excepcional. En poco más de tres años hemos tenido tres presidentes de la República y múltiples cambios de gabinete, lo que ha profundizado una crisis que derivó en la ruptura del equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, instalando una confrontación permanente y debilitando seriamente la capacidad del Estado para conducir el país. Pese a ese escenario, el Perú logró cerrar el último año con un crecimiento económico cercano al 3% y sin un quiebre social de gran escala. Esa aparente contradicción tiene una explicación clara: el país se sostuvo desde las regiones.

Mientras la crisis política se profundizaba en el nivel central, los gobernadores regionales asumimos un compromiso sin margen de espera ni período de adaptación. Desde los territorios marcamos una agenda clara, hicimos escuchar nuestra voz en defensa de una verdadera descentralización y continuamos gestionando. Al cierre del 2025, los 25 gobiernos regionales alcanzamos un promedio de 94% de ejecución en inversión pública, lo que representa más de 15 mil millones de soles ejecutados en proyectos de salud, educación, transporte, saneamiento y desarrollo productivo. Estos resultados no fueron producto de la improvisación, sino de una gestión responsable, planificación técnica y decisión política para seguir gobernando incluso cuando el centro del poder estaba paralizado.

En ese contexto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cumplió un rol político relevante. Durante el 2025 emitimos más de 35 pronunciamientos en defensa de la institucionalidad democrática, de los recursos regionales y de la seguridad ciudadana, cuestionando normas que favorecieron la impunidad y debilitaron la lucha contra el crimen organizado, y promoviendo acuerdos orientados al bienestar del país.

A ello se suma que, en los últimos años, las regiones hemos logrado ampliar nuestras fuentes de financiamiento mediante el canon minero, el Foncor, las obras por impuestos y, en algunos casos, asociaciones público-privadas. Todo ello se ha dado pese a las limitaciones que impone una ley de contrataciones altamente burocrática y un Estado que sigue siendo centralista incluso para autorizaciones básicas vinculadas a la ejecución de proyectos. Con un entorno político más estable y reglas menos restrictivas, los resultados pudieron ser aún mayores.

Esa capacidad de gestión desde los territorios evidenció, además, la necesidad de espacios reales de diálogo entre el Ejecutivo y las regiones. En ese contexto se realizaron tres ediciones del Consejo de Estado Regional (CER), que demostraron que el diálogo técnico, descentralizado y con enfoque territorial no solo es posible, sino necesario. Acercar al Ejecutivo a las regiones permitió discutir políticas públicas con información real y prioridades claras. Los gobiernos regionales participamos activamente, planteando soluciones concretas y defendiendo las demandas de nuestras poblaciones con firmeza y responsabilidad.

Asimismo, se impulsaron cumbres descentralizadas y encuentros macrorregionales y nacionales en educación, seguridad ciudadana, medio ambiente y gestión pública. Estos espacios fortalecieron la cooperación entre regiones, permitieron compartir buenas prácticas y construir agendas comunes. Hoy existe una cohesión real entre los gobernadores regionales, que trasciende diferencias políticas y se sostiene en una convicción compartida: gobernar con responsabilidad y proteger la gobernabilidad democrática en cada territorio.

Sin embargo, sería un error caer en la autocomplacencia. Las regiones también debemos reconocer nuestras propias limitaciones y errores. Persisten brechas de gestión, desigualdad entre regiones y desafíos para fortalecer capacidades técnicas de manera homogénea. Casos como las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao deben esclarecerse con total transparencia, por el bienestar institucional de la región y por la credibilidad del proceso de descentralización. Asumir esta autocrítica no es un gesto de debilidad, sino una condición indispensable para consolidar un modelo regional sólido y confiable.

De cara al 2026, las regiones seguimos luchando por una verdadera descentralización. Necesitamos más recursos, competencias reales y la transferencia efectiva de los OPD. En un año electoral, además, tendremos un rol clave para garantizar procesos democráticos, participativos y en paz. Resulta necesario revisar el reglamento de publicidad estatal en períodos electorales, que hoy limita injustamente la rendición de cuentas de autoridades que no postulan y debilita el derecho ciudadano a la información.

Todo ello reafirma una lucha que no es nueva, pero que hoy resulta impostergable: la de una verdadera descentralización. Porque cuando las regiones avanzan, el Perú avanza. Y comprenderlo no es una concesión política, sino una condición necesaria para construir un país más justo.