El peso del centralismo

Es posible que las elecciones generales del 2026 se parezcan mucho más a las del 2021 de lo que varios quisieran admitir. No porque el contexto sea idéntico –en esta ocasión hay más del doble de candidatos inscritos y se suma la elección del Senado–, sino porque nuevamente el electorado enfrenta una oferta política que no despierta entusiasmo ni interés genuino. La fragmentación del voto es el reflejo de la crisis política vivida en los últimos años y no guarda relación con el número de partidos ni con la complejidad del proceso electoral. Responde, más bien, a la ausencia de liderazgos sólidos, a la alta desconfianza en la política y a la distancia creciente entre la ciudadanía y quienes aspiran a representarla.

En el 2021, la opción más votada no fue un candidato, sino el voto blanco y nulo, con 3’313.086 votos. Pedro Castillo obtuvo 2’724.752, una cifra notablemente menor. Este fenómeno no se había visto ni en el 2016 ni en el 2011, elecciones en las que quienes ocuparon el primer lugar lograron sacar una distancia significativa respecto del voto blanco/nulo.

Un factor que ha influido en este desgaste lo revela la última encuesta de Datum–El Comercio: el 58,4% de los peruanos presenta una percepción alta o muy alta de centralismo. Es decir, más de la mitad del país siente que las políticas públicas benefician más a Lima que al resto del territorio. Esta no fue una pregunta directa, sino el resultado de un índice construido a partir de cuatro dimensiones: la percepción de quién se beneficia más de las decisiones políticas, las expectativas sobre el accionar del futuro presidente, el nivel de identificación con el país y la preferencia respecto del origen del candidato.

La percepción de favoritismo hacia la capital se traduce en la búsqueda de liderazgos regionales y, en algunos sectores, en una predisposición hacia discursos antisistema. No se trata de un fenómeno emocional o pasajero, sino de una condición estructural y extendida. Tiene epicentro en el sur –la zona que más ha expresado sentirse ajena al poder político y económico–, pero también está presente en el centro, el oriente y hasta en Lima, donde crece la percepción de que el país no funciona para la mayoría. Este sentimiento tiene consecuencias directas en el comportamiento electoral, en la legitimidad del Estado y en la percepción de representación política.

Por ello, es probable que una parte importante del discurso político durante la campaña se centre en estos temas: descentralización, abandono, inequidad territorial, reconocimiento de las regiones. Más allá del eje tradicional izquierda–derecha, podríamos ver emerger una narrativa construida sobre la base de “Lima versus las regiones”, que apelará a identidades, agravios y expectativas históricas. Si esto se consolida, no sería extraño que la segunda vuelta enfrente a un candidato de Lima con un candidato que represente a las regiones, más que a una clásica competencia ideológica.

El riesgo, sin embargo, es volver a recorrer el camino del 2021, cuando el voto blanco y nulo terminó superando en número al candidato que quedó primero. No se trató de apatía, sino de un mensaje claro de rechazo a una oferta política que no lograba representar a la ciudadanía. Hoy, con una fragmentación mayor y una desafección más profunda, ese escenario podría repetirse si la campaña no consigue conectar con las preocupaciones reales del país. Y es importante subrayar que el problema no se supera simplemente incluyendo a un candidato de provincias en la plancha; los gestos simbólicos no reemplazan las respuestas de fondo.

En este contexto, evitar una elección marcada por el desencanto exige más que comunicación o confrontación. Los candidatos deben reconocer la distancia entre Lima y las regiones, y responder a estas inequidades con seriedad. De lo contrario, la ciudadanía volverá a expresar su frustración donde tiene más poder: en las urnas.