El regreso de la inmunidad

El 27 de agosto del 2018, el Poder Judicial condenó al excomandante general del Ejército Peruano, Edwin Donayre, a cinco años y medio de cárcel por el ‘Gasolinazo’. El fallo fue la conclusión de un proceso que había comenzado 12 años antes, cuando el inspector general de la institución militar, Francisco Vargas Vaca, advirtió que algunas divisiones solicitaban dotaciones sospechosamente altas de combustible (entre ellas, la Región Militar Sur, que Donayre comandaba). La estratagema, que permitió que altos mandos se enriquecieran revendiendo la gasolina excedente a grifos particulares, le costó al Estado unos S/1,8 millones y una vez detectada dio paso a otra más burda, en la que los responsables intentaron maquillar la desaparición de decenas de miles de galones de combustible con documentación falsa.

Los diez condenados aquel día empezaron a cumplir su pena de manera inmediata. Menos uno. Edwin Donayre no fue a prisión por un simple, pero poderoso motivo: porque ocupaba un escaño. Y, a partir de ese momento, sus colegas harían todo lo posible para evitar que lo perdiera. Primero, le devolvieron al Poder Judicial la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Donayre, argumentando que en el documento no quedaba claro si se referían a la “de proceso” o a la de “arresto”. Luego, decidieron encargarle a la Comisión de Constitución que analizara si era posible arrestarlo o si había que esperar a que su sentencia fuera ratificada. Meses después, mientras el Parlamento seguía discutiendo el asunto, la Corte Suprema confirmó el fallo, pero hubo que esperar unos días más para que los congresistas finalmente autorizaran su captura. Para cuando lo hicieron, Donayre ya había pasado a la clandestinidad, donde sobreviviría otros seis meses hasta que la policía lo arrestó en Puente Piedra.

Este fue el episodio que acabó por convencer a muchos de que la inmunidad parlamentaria debía ser eliminada. Que aquella institución que apareció en nuestras leyes tan temprano como en 1823 para neutralizar el peligro de una persecución política –en años en los que el Perú estaba más cerca de ser un estado fallido que una república– se había transformado en un refugio para criminales y pillos. Esta percepción no se debía solo a lo ocurrido con Donayre. Proética, por ejemplo, encontró que, entre el 2006 y el 2019, el Poder Judicial le solicitó al Congreso que levantara la inmunidad de alguno de sus miembros en 40 ocasiones y que este solo accedió a hacerlo en seis oportunidades.

Por ello, cuando en febrero del 2021 el Legislativo eliminó esta figura, los aplausos fueron unánimes. No porque se hubiese eliminado el blindaje –este subsiste en el hemiciclo, ya sea en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales–, sino porque se había logrado una pequeña victoria en esa lucha antediluviana que el Perú sostiene contra la impunidad de sus autoridades. Ahora, sin embargo, esta representación nacional, poblada de ‘mochasueldos’ y otras especies criminales, pretende restablecer la inmunidad, confiando en la mala memoria de los peruanos. Sí, ya sé que la fórmula propuesta se aplicaría recién a partir del 2026, pero tampoco ignoro que varios de los congresistas de hoy buscan convertirse en los diputados y senadores de mañana, y que, en ese sentido, no están haciendo otra cosa que comprarse un seguro para el próximo quinquenio.

Mientras esto ocurre, por otro lado, el Tribunal Constitucional analiza un pedido del Ejecutivo para que el Ministerio Público no pueda investigar a la presidenta Dina Boluarte mientras esté en el cargo por delitos ajenos a los comprendidos en el artículo 117 de la Constitución. Al igual que con la inmunidad parlamentaria, durante muchos años primó entre los fiscales la interpretación de que un presidente en funciones era prácticamente intocable hasta que dejara Palacio de Gobierno, sin importar que las evidencias de malos manejos se fueran acumulando a su alrededor. Fue solo en el gobierno de Pedro Castillo que la fiscalía cambió esta interpretación, y que ahora una mandataria colmada de investigaciones busca reescribir para asegurar su estabilidad en el puesto.

No seamos ingenuos. Detrás de invocaciones a la “estabilidad” y al “equilibrio” institucional, Dina Boluarte y los congresistas están tratando de recuperar una protección casi absoluta para los cargos que ocupan. Lo hacen, es cierto, desde diferentes caminos, pero impulsados por el mismo deseo: la impunidad.