El “fraude en mesa” y la oposición, por Martín Tanaka

Fuerza Popular y sus aliados cuestionan los resultados de la elección del 6 de junio esgrimiendo la tesis del “fraude en mesa”. Se han cuidado de no involucrar a los organismos electorales, pero acusan a Perú Libre de ser responsable de este. ¿Qué indicios se presentan? Al inicio se habló de una estrategia de impugnación de votos y de observación de actas; luego se aclaró que los votos impugnados fueron realmente muy pocos, cerca de 500, y las impugnaciones las realizaron personeros de ambos partidos. Además, las observaciones no las realizan los personeros, sino la ONPE, y las resuelve el JNE, y todas ellas se han estado resolviendo de manera pública. Descartado este camino, se invoca la supuesta existencia de firmas fraudulentas y de actas o mal llenadas (para causar nulidades donde FP es el ganador) o llenadas con resultados “sospechosos” (donde FP saca muy pocos o ningún voto).

El problema con este argumento es que no puede establecer el mecanismo que haría posible la tesis del fraude. El supuesto parece ser que Perú Libre cuenta con un batallón de militantes bien disciplinados y capacitados, que se desplegó en todo el país para llegar temprano a las mesas de sufragio, esperar a que no se presenten los titulares o suplentes de la mesa, y suplantar la identidad de alguno de ellos (para ello tendrían que haber falsificado credenciales y los DNI); todo esto para, en el momento del escrutinio, convencer al resto de miembros de mesa (elegidos por sorteo) para ya sea llenar mal las actas donde FP es favorecido, como para eliminar los votos de FP donde estos son escasos.

¿Es esto creíble? Para empezar, Perú Libre ni siquiera pudo acreditar una gran cantidad de personeros (tampoco Fuerza Popular), y estos estuvieron principalmente concentrados en Lima. Segundo, hasta el momento hay múltiples testimonios de ciudadanos que confirman su identidad a pesar de los problemas con su firma, pero ninguno, que yo sepa, que haya denunciado haber sido suplantado. En cuanto a las “anomalías” con las actas, hasta el momento el número de actas anuladas está por debajo del número de actas anuladas en la segunda vuelta del 2016, es decir, siempre se comenten errores en el llenado de actas. Finalmente, en cuanto a las mesas con resultados “extraños”, nuevamente, eso ocurre en todas las elecciones en todas partes: la clave es que no muestren un sesgo sistemático a favor de uno y en contra de otro, y no hay evidencia de ello. Por eso es tan grave recurrir a la estrategia de contratar abogados para mirar con lupa actas donde perdiste por mucha diferencia buscando causas de nulidad. Si esto queda como precedente, desde ahora será una práctica de todos contra todos. No se puede partir de la mala fe sin evidencias contundentes, eso constituye un abuso del derecho.

La consecuencia de esto es la creación de un clima de desconfianza en los organismos electorales (que se declara respetar y respaldar), la exacerbación de los ánimos de los parciales (que están convencidos de que “les han robado la elección”) y de los adversarios (que “no se van a dejar robar la elección”). Este es claramente un camino destructivo del cual salimos perdiendo como país.

Mirando un poco más allá, el gran problema es que se anuncia una lógica de oposición obstruccionista contra el eventual gobierno de Pedro Castillo, que ya sea atizará la inestabilidad política en el país o lo terminará favoreciendo al presentarlo como víctima de la conspiración de una derecha recalcitrante. Ojo que esto último explica en buena parte por qué el MAS haya ganado las elecciones del 2020 en Bolivia después del rechazo que generó la pretensión de Evo Morales de perpetuarse en el poder un año antes. Y también por qué la oposición venezolana haya perdido oportunidades que tuvo para derrotar a Chávez y a Maduro o al menos limitar sus arbitrariedades.