Liderazgo ciudadano

Tras la vacancia de Dina Boluarte, se instaló en la opinión pública la percepción de que la crisis social y política en el Perú habría entrado en una tregua. Pero esa calma es engañosa y no significa que la crisis haya terminado; solo disminuyó el ruido, no la gravedad de los problemas que siguen intactos. El país continúa atrapado en un deterioro institucional profundo.

La desigualdad persiste, los servicios públicos se desmoronan, las economías ilegales avanzan y la corrupción opera desde hace años como un sistema paralelo que ya penetró al Estado. Las instituciones han perdido legitimidad, y los ciudadanos, la confianza en el país. Este vacío ha sido llenado por actores que prosperan gracias a un Estado débil.

Mientras tanto, una parte importante de la sociedad –incluyendo al sector privado– se ha replegado al ámbito individual: trabajar, sostener el negocio, proteger a la familia. Ese repliegue ha cedido terreno a quienes viven de capturar instituciones. Las consecuencias son brutales: retrocesos en educación, un sistema de salud con el 98% de establecimientos con capacidad inadecuada, servicios básicos ausentes para la mitad de la población, casi la mitad de nuestros niños pequeños con anemia.

En este país, 13 laboratorios pudieron coludirse durante 14 años para manipular precios de medicamentos destinados a hospitales públicos, y una empresa llegó a vender conservas en mal estado –y hasta de carne de caballo– a un programa de alimentación para los niños más pobres. Al mismo tiempo, 1,9 millones de familias carecen de vivienda adecuada, pero redes como la que articuló Sada Goray lograron capturar espacios del Ministerio de Vivienda, Techo Propio, la Superintendencia de Bienes Nacionales y hasta la Sunarp. Estos casos no son excepciones: son el síntoma de un Estado tomado y de un sector privado que, demasiadas veces, elige callar, mirar a un costado y olvidar con rapidez.

En el Congreso, el panorama es aún más preocupante. La política mercantilista se ha consolidado como forma de ejercicio del poder, con representantes directamente vinculados a actividades ilegales. Ahí están los números: 343 militantes de Alianza para el Progreso y 231 de Perú Libre figuran como titulares de Reinfo. No es casualidad; es evidencia de captura.

Si entendemos este diagnóstico, hay una conclusión inevitable: no basta con indignarse ni con seguir describiendo el problema. Tampoco sirve que el sector privado permanezca al margen. Recuperar el espacio público, fijar estándares mínimos y defender la integridad de las instituciones ya no es una aspiración; es una obligación. No podemos permitir que quienes legislan para las economías ilegales sigan decidiendo el rumbo del país mientras los ciudadanos más informados, más formados y con mayor capacidad de influencia se limitan a observar.

Por eso, este 3 de diciembre, en el Foro Liderazgo Ciudadano de Capitalismo Consciente Perú, queremos dar un paso concreto. No para repetir diagnósticos ni acumular buenas intenciones, sino para construir, de manera práctica, un camino de acción realista y compartido. El país necesita líderes que asuman responsabilidad y que trabajen juntos, desde donde están, para reconstruir los cimientos que otros están destruyendo.

Es hora de participar, no de mirar. Es hora de actuar, no de lamentar. Hay una manera de empezar y es caminándola juntos. Cuando quienes sí quieren construir se ponen de pie y se organizan, ninguna red de intereses ilegales puede detenerlos. Te esperamos el 3 de diciembre a las 7:30 a.m. en ESAN. Porque hacerse cargo ya no es una opción: es la única forma de recuperar el país.