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Entre las respuestas presidenciales más desconcertantes ofrecidas en la entrevista dominical resalta su vaguedad en las relacionadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana.
El presidente Ollanta Humala se ha restringido a resumir que “hay un tema real”, aunque también “es una percepción”, volviendo a insistir en que la prensa no debería transmitir noticias sobre la criminalidad, sino difundir hechos “positivos”.
Esto evidencia la desconexión entre las políticas gubernamentales y las urgencias nacionales. Según la última encuesta nacional urbana de GfK, 84% de los ciudadanos se siente muy inseguro en las calles, 83% en los paraderos de micros y colectivos y 77% en plazas y parques.
Además, 64% evalúa que el nivel de avance del Gobierno en la lucha contra la corrupción en los penales es muy mala, 61% ofrece la misma calificación sobre las leyes para fortalecer la lucha contra la inseguridad, 59% opina lo mismo sobre las acciones contra la corrupción en la policía y 56% lo hace sobre el avance del Gobierno en la construcción de más cárceles.
Frente a esto, Humala tiene un récord preocupante de desenfoques. A fines de diciembre último dijo: “No sé si la inseguridad será el mayor problema del Perú [...]. Obviamente las encuestas son encuestas”. En marzo del año pasado, ya había anotado: “El problema de la inseguridad ciudadana en este país no lo ha creado este gobierno. Es un problema histórico, estructural [...]. Nosotros estamos con la conciencia tranquila”.
Esta especie de arrogancia presidencial coincide también con las infelices expresiones de Juan Jiménez Mayor cuando este era primer ministro, quien dijo que la inseguridad es una suerte de “histeria” colectiva.
El problema no es solo declarativo. Al asumir su cargo en el 2011, el presidente se comprometió a encabezar personalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y nunca lo ha hecho. Se hizo –sin pasar por el Congreso– una reforma policial que eliminó a buena parte de la cúpula de oficiales; más tarde se despidió a miles de subalternos y hace poco el ministro Walter Albán ha anunciado una segunda reforma, ¿pero cuáles son los resultados? Hasta hoy no se ha podido eliminar el sistema de descansos de 24 × 24.
Además, se maltrata a los efectivos policiales con un hospital miserable, se les paga a los retirados pensiones incompletas y sigue rondando el fantasma de una huelga. En paralelo, el nuevo equipamiento, como los patrulleros inteligentes, no da resultados positivos porque la corrupción hace que muchas unidades sean usadas de manera inapropiada.
Tampoco se despliega inteligencia eficiente como lo demuestran la existencia de un mercado negro de armas en Lima y el escándalo de narcopolicías. Mientras tanto, se hace el ridículo con la instalación extremadamente tardía de bloqueadores de celulares en los penales... ¡Sin lograr siquiera que aquellos equipos funcionen!
Un gobierno que se asesora en seguridad ciudadana con un ex ministro que fue sacado por ineficiente, y que mantiene a un titular del Interior sin experiencia alguna, está condenado a fracasar en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Y si, encima, un presidente con 21% de aceptación no articula respuestas claras sobre la materia, el fracaso está garantizado.
