Aunque cronológicamente el 2024 terminó hace dos días, su duración política debería prolongarse al menos hasta la convocatoria a elecciones en abril próximo.
Queda pendiente saber si esta precipitará el desplome del Gobierno a través de una vacancia o suspensión o si, más bien, intensificará la alianza Ejecutivo-Congreso, sacándola del clóset –en este caso tiene una puerta de vidrio– con alguna cuota ministerial o de gobierno más tangible.
Por otro lado, el 2024 político no empezó en enero de ese año. Más bien, surgió tras el control de la protesta social de fines del 2022 e inicios del 2023, cuando se asentaron una estabilidad precaria y una gestión mediocre, soportadas ambas por el apoyo parlamentario en pos de una supuesta gobernabilidad.
Esta prolongación política del 2024 no es menor si se considera el carácter de parteaguas que tiene. Es que varios de los componentes del Perú político que conocemos han experimentado significativos cambios.
Por ello, no le falta razón a Juan de la Puente cuando compara al 2024 con el 2000 y lo describe como una “mutación genética” que tiene al menos cuatro componentes: 1) “El Perú ha dejado de tener un régimen presidencialista” (con un mayor poder del Congreso). 2) “La radicalización autoritaria de la sociedad se encuentra en auge” (teniendo a la seguridad y el orden como el “eje aglutinador”). 3) “Nuevos movimientos sociales se legitiman a costa de devorarse al Estado” (por ejemplo, mineros y transportistas, con creciente agencia). 4) “La influencia política militar retorna con cautela, sin prisa, pero sin pausa” (“La República”, 15/12/2024).
El tránsito que describe De la Puente es acompañado por dos frentes que no deben perderse de vista y que han generado muchos titulares en las últimas semanas: el asentamiento de la violencia como componente del quehacer político y el sometimiento de la actividad económica a consideraciones no tecnocráticas.
En lo primero, no es poca cosa que personas involucradas en dos escándalos que afectan al poder político (Andrea Vidal en el caso de la presunta red de prostitución al interior del Congreso y Nilo Burga en el Caso Qali Warma) pierdan la vida en circunstancias que parecen propias del quehacer delictivo. En lo segundo, el presente de Petro-Perú y el incremento de la remuneración mínima vital sin ningún sustento técnico son síntomas de la liviandad del peso tecnocrático en la toma de decisiones.
En el breve plazo, poco cambiará de esta dinámica. Así las cosas, es probable que el 2025 sea políticamente muy breve, quizás inexistente. Habiendo llegado políticamente a una situación crítica, el siguiente momento clave será el que marque los resultados del 2026. Ojalá el renovado liderazgo político sea consciente de que el país se encuentra lejos de la normalidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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