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¿El guardián de la calidad universitaria?, por Fernando Cáceres

"El licenciamiento de universidades que viene realizándose solo evalúa condiciones básicas de funcionamiento. No de calidad".

Fernando Cáceres Analista de políticas públicas

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"No es correcto avalar esta prórroga, como hace Sunedu, explicando que no es prudente crear más universidades mientras no se termine de evaluar las condiciones básicas de las 142 existentes". (Foto: El Comercio)

En diciembre del 2012, el Congreso aprobó la llamada Ley de Moratoria de Creación de Universidades Públicas y Privadas por un Período de Cinco Años. El objetivo era impedir la creación de nuevas universidades o filiales que ofrecieran servicios educativos de baja calidad. Para ello, se implementó un sistema de licenciamiento obligatorio, a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que debía servir para garantizar condiciones básicas.

Han pasado los cinco años, aunque solo tres desde creada la Sunedu, y esta solo ha licenciado 24 de 142 universidades. El plazo ha quedado corto para completar el licenciamiento, se dice, y ahora se busca ampliar la moratoria por dos años más. La Comisión de Educación del Congreso ya aprobó el dictamen correspondiente, y la próxima semana lo haría el pleno. La pregunta es si necesitamos más de lo mismo, o si más bien requerimos enmendar el rumbo para lograr los objetivos trazados.

En un reciente spot radial de la Sunedu se dice: “En su laboratorio usan botellas de gaseosa en lugar de probetas, ¿ustedes son universidad o chifa?... La Sunedu supervisa que las universidades peruanas tengan condiciones básicas de calidad”. En otras palabras, la Sunedu se publicita como el “guardián de la calidad universitaria”, a pesar de que el licenciamiento que viene realizando no tiene que ver directamente con el proceso formativo sino con las condiciones básicas para funcionar.

De hecho, el licenciamiento evalúa la existencia de: (i) planes de estudio para otorgar los grados y títulos ofrecidos; (ii) suficientes bibliotecas y laboratorios para las carreras; (iii) líneas de investigación a ser desarrolladas; (iv) 25% como mínimo de docentes a tiempo completo; (v) bolsas de trabajo para la inserción laboral, etc. No se evalúa la calidad de los planes de estudio, ni de las bibliotecas, los laboratorios, o las líneas de investigación. Por eso, es absurdo que no se haya implementado un sistema de ‘fast track’, desde el inicio, que haya permitido licenciar rápidamente a las universidades más avanzadas, sin ganarse la oposición de muchas de estas.

No es correcto avalar esta prórroga, como hace Sunedu, explicando que no es prudente crear más universidades mientras no se termine de evaluar las condiciones básicas de las 142 existentes. El licenciamiento de universidades que viene realizándose solo evalúa condiciones básicas de funcionamiento. No de calidad. Tan es así que la USIL y la recientemente creada Universidad de Huanta han recibido el mismo plazo de licenciamiento: seis años.

Es cierto que la ley también ha previsto que se puedan licenciar programas, pero eso aún no se ha implementado, y valgan verdades, difícilmente va a poder distinguirse de la acreditación que es voluntaria; salvo en carreras como Medicina, donde la acreditación ya es obligatoria y no tendría sentido establecer un licenciamiento obligatorio de programas.

En el caso de la moratoria para crear nuevas universidades públicas, si no se logra incrementar el presupuesto sería un despropósito crear nuevas universidades, aun cuando la oferta sea de calidad. Crear nuevas equivale a quitarle fondos a universidades que ya tienen recursos insuficientes. Pero en el caso de las privadas, es absurdo que no se elimine la moratoria para filiales de universidades acreditadas o al menos licenciadas. El sistema actual impide la competencia en favor de universidades ya establecidas y no garantiza la calidad.

Estoy de acuerdo con la intervención del Estado para garantizar condiciones básicas de funcionamiento, siempre que el licenciamiento se haga mucho más rápido y no incluya aspectos propios de la acreditación, ni cierre el mercado a la competencia. Prorrogar el plazo no basta. Hay que enmendar el rumbo.

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