Vacancias (pero en el sistema de justicia)

El enfrentamiento entre el Gobierno y sus aliados con el sistema de justicia sigue escribiendo nuevos capítulos y promete desenlaces.

Lo último es que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), designada por este Congreso, ha iniciado un proceso que podría derivar en la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. En noviembre del 2024, un coronel de la policía en retiro denunció a Tello y otros integrantes de su sala por haber realizado una supuesta motivación defectuosa de su sentencia y por haber usado una norma derogada.

Aparentemente, hubo un error en la utilización de una ley, pero este no tuvo impacto en el proceso. No obstante, la JNJ ha iniciado un proceso acelerado y resolverá el tema en los próximos días, como si fuese algo gravísimo.

El 11 de febrero, la JNJ admitió a trámite la denuncia presentada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez (cuya trayectoria profesional, curiosamente, se ha centrado en la defensa de policías) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El reclamo es por, supuestamente, haber hecho pública información reservada de un proceso en curso, afectando la privacidad de los involucrados. Este caso está ligado al audio difundido en varios medios en el que se escucha una conversación entre dos sujetos que serían Santiváñez y el capitán PNP Junior Izquierdo (‘Culebra’). Santiváñez niega que sea su voz. Por este caso, el titular del Mininter entregó a la fiscalía un celular vacío y sin sistema y se negó a proporcionar su clave de iCloud.

No defiendo ni al Poder Judicial ni a la Fiscalía de la Nación o sus líderes. Son instituciones con problemas estructurales que han abusado de varias normas y se han inmiscuido en la política sin mayor control. No son islas y deberían ser reformadas. El problema es que quienes nos gobiernan hoy (Ejecutivo y Congreso) no parecen tener la legitimidad para ello.

Aún no se conoce cuál será la tónica de la nueva JNJ, pero considerando quién los eligió (este Parlamento), no sería raro que, al igual que la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional, actúe más por motivaciones políticas que técnicas.

El Ejecutivo y muchas bancadas del Congreso están bajo investigación por presuntos delitos. La fiscalía y el PJ han abusado de normas, pero eso no significa que todos los casos deban ser descartados y que una larga lista de presuntos delincuentes que han entrado en la política se salve de los procesos.

Para el Gobierno y sus aliados, el sistema de justicia es uno de los grandes culpables de los problemas del país (el otro es la prensa). Que la JNJ apunte al PJ y al Ministerio Público debería ser un tema relevante en la agenda. Más aún si el escenario indica que podrían caer por la fuerza de los votos y no por razones de fondo o técnicas. Veremos cómo vota la JNJ y si se presta o no para ser comparsa del Gobierno y sus aliados.

Nota del autor:

Existe un error en la columna cuando se señala que la JNJ fue designada por el Congreso. Lo correcto es que fue elegida por una Comisión Especial, integrada por: i) El Defensor del Pueblo; ii) el Presidente del Poder Judicial; iii) la Fiscal de la Nación; iv) el Presidente del Tribunal Constitucional; v)el Contralor General de la República; vi) un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad; y vii) un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad.