Persecución política

Para que el Perú pueda atender las necesidades de sus ciudadanos se requiere de un Estado eficiente y eficaz, con una burocracia competente y honesta que opere en función a políticas públicas pensadas en el mejor interés del país. Cerrar las brechas de acceso a servicios de agua y saneamiento, mejorar el sistema educativo para que nuestros niños puedan tener un futuro mejor, lograr acceso universal a servicios de salud oportunos y de calidad para que los peruanos no se mueran por falta de atención médica y construir la infraestructura que las ciudades necesitan para dinamizar su economía y atraer inversiones es posible, pero requiere de funcionarios con un verdadero liderazgo de servicio.

Un Perú próspero y con igualdad de oportunidades podría ser una realidad. Y, para lograrlo, no necesitamos inventar la pólvora. En los 90 nos atrevimos a luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA y, al mismo tiempo contra la hiperinflación. Nos atrevimos a privatizar cientos de empresas públicas insolventes que nos desangraban, y podemos volverlo a hacer. Pero la principal barrera para lograr transformar al Estado Peruano es, precisamente, la falta de funcionarios capaces, competentes y honestos.

¿Significa esto que en el Perú no tenemos expertos en políticas y gestión pública? No, de hecho, los tenemos y muy buenos. Pero los hemos ido expulsando del servicio civil. Al llevar al poder a políticos corruptos que responden a intereses de grupos de poder informales e ilegales, lo mejor de nuestra burocracia fue arrimada a un lado para que unos impresentables sin conocimiento alguno tomaran su lugar. Pienso en Rafael Muente, quien acaba de ser suspendido como presidente del Osiptel.

Pero, además, a quienes creyeron que podrían construir un mejor país contribuyendo desde el sector público los perseguimos judicialmente por razones políticas durante años. Y permitimos que sean maltratados y afectados, porque no nos atrevemos a cuestionar a los fiscales y jueces que los persiguen. Alberto Pascó-Font y Sergio Bravo fueron funcionarios de Pro Inversión y vienen enfrentando una investigación fiscal impulsada por José Domingo Pérez desde el 2017 por supuestamente haberse coludido con Odebrecht, JJC e ICCGSA para favorecerlos con la buena pro de la Interoceánica en el 2005. Y, pese a que Jorge Barata, el jefe máximo de Odebrecht en el Perú, ha declarado que no existió colusión con los miembros de Pro Inversión y que no se les ha entregado ningún pago ni dádiva para favorecerlos, el fiscal Pérez decidió acusar penalmente a quienes sabe que no han cometido ningún ilícito. Y esta es una muestra de la inmoralidad de los fiscales: perseguir a quienes saben inocentes, y de su mediocridad, incapaces de efectivamente lograr condenas para los responsables de corrupción. Si los jueces y fiscales no son independientes, imparciales, ni entienden los principios del Estado de derecho, y si no son íntegros, todos los ciudadanos estamos desprotegidos. No por nada el 85% de peruanos no confía en el Poder Judicial y el 73% no confía en la Fiscalía de la Nación (Datum 2024).

Nuestros sistemas fiscal y judicial están altamente politizados y lo que han conseguido es generar un incentivo perverso alejando a los mejores del sector público y atrayendo a aquellos que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar al defender intereses ilegítimos por encima del bien común.