Fin de una era

Decíamos en columnas anteriores que parece que nos encaminamos a poner fin al ciclo anárquico y de degradación institucional que lleva casi diez años de acción disolvente.

Lo que estaría generando un movimiento en ese sentido es la organización del Estado y la sociedad civil que por fin se está empezando a dar para luchar contra la criminalidad, junto con otros hechos concomitantes.

La primera constatación es que ha cesado la lucha de poderes porque ha cambiado la correlación dentro del Ministerio Público, que ahora es mucho más proclive a la colaboración. También desde que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda contra la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, lo que pone fin a la rebeldía del Ministerio Público en ese tema.

El liderazgo del presidente José Jerí y el estado de emergencia en Lima están produciendo coordinaciones entre poderes, instituciones y con gremios afectados por las extorsiones. Y también con alcaldes, vía las mancomunidades. Esto no existía antes. Se aprobó una ley que creó el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GEIS), y se ha pedido facultades para establecer un subsistema especializado integrado por fiscalías y juzgados dedicados exclusivamente a las extorsiones y delitos conexos, aunque ambos mecanismos aún deben reglamentarse. El Congreso debería fiscalizar que estas cosas ocurran.

Pero esta construcción institucional contra la criminalidad llevará, por su propio peso, a la reforma policial –hay una misión del FBI asesorando– y a la reforma del sistema judicial, para la que ya existe un proyecto de reforma constitucional elaborado por la comisión Alva.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha puesto fin a la persecución política de los procesos de donaciones de campaña que no eran delito, y se anuncia la desactivación del equipo especial Lava Jato. Se pone fin así a una etapa negra en nuestra democracia que generó abusos y prisiones sin razón alguna, lo que a su vez generó una reacción y una polarización que aún se manifiesta en luchas por el control de la institucionalidad judicial. La anulación de esos casos oprobiosos debería servir también para contribuir a poner fin a la polarización fujimorismo-antifujimorismo que ha estado detrás de este ciclo anárquico.

Si todo esto se complementara con una reforma del Estado basada en la meritocracia y la simplificación regulatoria, como varios candidatos anuncian, casi habríamos cerrado el círculo.

Pero para terminar de cerrarlo y dar el salto a una nueva etapa de regeneración y crecimiento institucional se requiere resolver de una vez por todas el difícil problema de la formalización minera. No podemos seguir eternamente en el autoengaño de la prórroga del Reinfo mientras el Estado y la democracia siguen fracasando en formalizar y en aprobar una ley MAPE. La ley de prórroga que aún debe aprobarse extiende el Reinfo hasta fines del 2026, salvo que la ley MAPE se apruebe antes. Hay allí una tarea clara. ¿Los congresistas de la Comisión de Energía y Minas se propondrán realmente trabajar dicha ley? ¿Quién vigila? ¿Quién empuja? La SNMPE y el IIMP, por ejemplo, ¿esta vez sí elaborarán un proyecto de la ley MAPE y ayudarán en la formalización? Tenemos que encontrar respuestas positivas a esas interrogantes.