La educación que nos quitaron el 2024

Fue el 2024 un año de precarización para la educación peruana.

Porque hay muchas formas de golpear la agenda educativa: dejando en el olvido a los que aprenden en las peores condiciones, vulnerando la calidad de la educación ahí donde hay oferta e impidiendo incentivos donde no la hay, o premiando a los que se benefician con el mínimo esfuerzo de hacer negocio con la educación. Todo eso sucedió.

Fue el año cuando las escuelas de Condorcanqui se convirtieron en el infierno de más de 500 niñas y adolescentes que denunciaron ataques sexuales de sus maestros, y cuando en respuesta se escuchó condolencias y justificaciones culturales de la boca de la autoridad educativa.

Fue el año cuando se quebró la meritocracia de la Carrera Pública Magisterial, se dejó pasar sin evaluación a miles de maestros desaprobados, y se creó un atajo que desanima a los cientos de docentes que sí confiaron en las reglas. Quebrar la confianza es el golpe más certero contra un sistema que prometió premiar el mérito y no el favor.

Fue el año cuando se alzó la censura santaiquisicional del Ministerio de Educación contra textos escolares donde se leyera las palabras “dictadura”, “conflicto social” o “educación sexual integral (ESI)”. Esa misma ESI que durante el año algunos grupos han intentado eliminar del currículo nacional atemorizando a las familias por ignorancia malhadada o por propaganda religiosa.

Fue el año cuando congresistas presionaron para ampliar el plazo que tenían los maestros de las escuelas privadas para sacar su título pedagógico bajo el son de que esas exigencias son barreras burocráticas y paralizan los emprendimientos educativos.

Fue el año donde ir a la escuela fue una opción descartable, cuando se suspendió a la fuerza por una semana la presencialidad en más de la tercera parte de las escuelas del país, sostenida por una arenga de los ministros de Estado en coro para aliviar el tráfico y callar a la calle. Un ministro indolente henchido de orgullo disfrazaba las carencias de los hogares pobres pidiéndoles resiliencia.

Con una Sunedu debilitada por su propia agencia, se permitió que las universidades supervisadas se nombraran así mismo los supervisores. Y con esa autogenerada debilidad, alentaron la invención del licenciamiento permanente y sin condiciones, quitando así los incentivos que podrían financiar las mejoras de la universidad pública. Y una noche en una disposición escondida de la Ley de Endeudamiento Público se aprobaron liberalidades para que no haya requisitos de independencia en los postulantes al Consejo Directivo reinando así la discrecionalidad y el conflicto de intereses.

Fue el año donde se crearon sin sustento ni presupuesto más de 20 universidades públicas (sumando ya 40 nuevas), promesas vacías que juegan con las aspiraciones y los proyectos de vida de nuestros jóvenes, menospreciando las universidades públicas que ya existen y que bien pueden ampliar y desconcentrar su oferta y programas de estudio en filiales locales.

Y ya termina el año pero las universidades sin calidad de las que nos libramos con la reforma universitaria están luchando por regresar, están judicializando su derecho a la estafa, encuentran terreno fértil para reclamar que los dejen volver al negocio en un escenario donde la calidad ya no tiene valor.

El Ejecutivo y el Congreso se aliaron para socavar así aspectos fundamentales de la educación. Uno y otro con omisión o con alevosía, pero vaya que con desprecio y dolo. Pisotearon las leyes del sistema educativo, dieron la espalda a los maestros y expertos que alertaron mil veces contra estas malas decisiones, obviaron el Proyecto Educativo Nacional y la promesa de una Educación Plena para reemplazarla por un acto en Palacio donde se juramentó un Pacto que no se cumple y que los firmantes permiten con su firma que así sea.

Colectivos de empresarios, grupos de investigadores, docentes organizados e instituciones de la sociedad civil han recuperado voz: el 2025 no les dejemos destruir más. Y seamos más lo que lo hagamos, una coalición de fuerzas contra los que juegan con la educación. Que nos emplace la exigencia ética de defender ese -nuestro- derecho al progreso.