La memoria corta de las liquidaciones prolongadas

Las liquidaciones concursales tienen un rasgo particular: mientras más tiempo duran, más difícil se vuelve reconstruir su propia historia. En el derecho concursal, una liquidación es el proceso mediante el cual se administra y vende activos de una empresa insolvente para pagar a sus acreedores. Pero cuando se prolonga por años –o incluso décadas–, la continuidad documental se fragmenta y la supervisión se vuelve cada vez más compleja.

En teoría, el sistema concursal peruano cuenta con dos pilares de control: la Junta de Acreedores y la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi. En la práctica, ese control depende de la información que reporta el liquidador. Si es incompleta, tardía o poco detallada, la supervisión se debilita. En procesos con activos de alto valor, obligaciones ambientales, trabajadores y acreedores pendientes de pago y decisiones que arrastran efectos económicos y legales acumulativos, esa falta de visibilidad es un riesgo estructural.

Por eso las auditorías externas –técnicas, independientes y periódicas– son una necesidad básica en cualquier liquidación extensa. No buscan sancionar, sino prevenir: reconstruyen líneas de tiempo, verifican operaciones sensibles, identifican desvíos, detectan inconsistencias y restablecen confianza entre los acreedores.

Este debate es especialmente relevante en el procedimiento concursal de Doe Run Perú, empresa minero–metalúrgica que operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, cuyo proceso concursal se inició en el 2010. Durante estos años han intervenido diversos liquidadores y se han tomado decisiones clave sobre activos, obligaciones ambientales y pagos pendientes.

Cuando un procedimiento acumula más de una década de decisiones, una forma efectiva de recuperar la coherencia es una auditoría independiente que permita reconstruir la línea de tiempo, validar información crítica y precisar responsabilidades. Ningún liquidador –por competente que sea– puede asumir un proceso de esa magnitud sin una radiografía completa y verificada de lo actuado.

Hoy, el Caso DRP acaba de pasar a manos de una nueva entidad liquidadora. En este contexto, la expectativa mínima es clara: su primera acción debería ser disponer una auditoría integral de la gestión previa. En un proceso como este una verificación externa no es opcional, sino una exigencia técnica para continuar con información confiable.

Una liquidación sin auditoría es, en el fondo, una historia incompleta. Y las historias incompletas generan conflicto, incertidumbre y pérdida de confianza. Porque, al final, una empresa no se cierra desde la memoria, sino desde la claridad. Y la claridad solo llega cuando alguien revisa, de manera independiente, lo que el tiempo ha dejado atrás.