La última de Dina...

“Que poca vergüenza”, “es algo grotesco”, “que falta de decoro” son algunas de las frases que he escuchado en los últimos días respecto de los protagonistas de los hechos de nuestra siempre agitada política nacional que van desde aferrarse a un cargo pese a una resolución que ordena lo contrario, hasta un caprichoso aumento de sueldo, pasando por un fiscal que busca culpar a otros de haberse demorado seis años en resolver una colaboración eficaz de una persona que acaba de morir.

Nos centraremos en la última trama estelarizada por Dina Boluarte. El último miércoles, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, secundado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunciaron –sin rubor alguno— que el nuevo sueldo de la presidenta será de S/35.568, incrementándose en 125% si se tiene en cuenta que el salario de la mandataria era de S/16.500. Pérez Reyes apuntó a Servir, que era una decisión de su directorio y que se estaba corrigiendo una distorsión, porque ministros e incluso otros funcionarios percibían una remuneración mayor.

La respuesta de Servir no tardó ni 24 horas. El presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Guillermo Valdivieso, aseguró que su entidad no tuvo ninguna participación en la decisión. “No hemos determinado ningún monto, todo eso lo define el Ministerio de Economía en un procedimiento especial”.

Aquí no está en discusión que un alto cargo como el de la Presidencia de la República debe ser bien remunerado, eso no está en cuestión. Por eso más allá de quién y por qué se dio el aumento, queda claro que la decisión es impertinente y se hace sin importar el impacto político de esta. Una presidenta con una aprobación mínima y con un historial de decisiones personales que afectan la gobernabilidad del país, quiere coronar su gestión con un aumento de sueldo.

A los abultados ingresos de la presidenta hay que sumarle la demanda que le ganó al Reniec, que tendrá que pagarle S/239.674 en los próximos cinco años. En el 2020, Boluarte exigió por la vía judicial al Reniec una indemnización que superaba los S/428.000. Tras una apelación, se determinó que a partir del 2025 el Reniec debía pagarle casi S/240.000.

Los pagos que el Reniec está obligado a realizar a Boluarte incluyen S/178.409 por gratificaciones, vacaciones y escolaridad, así como una compensación por tiempo de servicio de S/40.100, correspondiente al período comprendido entre noviembre del 2015 y febrero del 2020, S/60.432 por concepto de compensación por tiempo de servicios, y S/84.151 por beneficios sindicales, a pesar de que Boluarte no tuvo un rol sindical formal.

Si bien la denuncia se dio antes de asumir la presidencia, la decisión judicial vino ya con ella en el poder y estando el caso en casación solicitó un cronograma de pagos desde setiembre del 2023.

Hubiera sido un valorado gesto político si Boluarte anunciaba que postergaba el pago para cuando dejara el cargo, pero para ello se requiere pasta de estadista y el convencimiento que la política es un servicio y que llegar a ocupar la presidencia de la República es un honor, no una oportunidad para buscar provecho propio.