La vida política en carcelería

Ejercer vida política en el Perú equivale en muchos momentos a vivir en un permanente estado de carcelería, es decir, metafóricamente hablando, entre rejas, bajo un Estado de derecho en el que un imputado civil o penal no sabe finalmente qué va a pasar con él.

Tanto puede vivir ese estado fantasmal de carcelería un expresidente como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que el último sábado fue impedido de abordar un vuelo a Estados Unidos, pese a que al momento no tenía restricciones judiciales, como la presidenta en funciones, Dina Boluarte, a quien el Ministerio Público le ha acumulado y denuncias e investigaciones, además de expresas solicitudes de acusación constitucional ante el Congreso, pese a sus prerrogativas de inmunidad que no solo le asisten hasta el final de su mandato, sino por los siguientes cinco años, hasta el 2031.

No es que PPK y Boluarte estén libres de procesos, que sin duda los tienen y graves, pero frente a los cuales fiscales y jueces tienen que actuar diligente y eficientemente. Todo levantamiento de restricciones dictado por un juez tiene que ser claro y preciso para que un imputado como PPK y su defensa legal sepan cómo manejar sus procesos en libertad. Por una fallida lectura de sentencia, el expresidente Ollanta Humala terminó en carcelería inmediata y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, en un exilio exprés en Brasil.

La politización de la justicia y la judicialización de la política tienen mucho que ver en esto, a falta de controles, rigores y sanciones ejemplares en el desempeño de funcionarios y gobernantes, como también de jueces y fiscales, unos y otros ‘intocables’ en sus inmunidades y autonomías, escondiendo muchas veces más venalidades que probidades.

Prácticamente se ha puesto de moda que un juez o fiscal sin poder político no vale la pena, y que un político sin carpeta fiscal abierta o proceso judicial en curso no es digno de ser llamado a un elevado puesto público.

El Ministerio Público se ha convertido en el cuarto poder del Estado, pasando en ocasiones de largo sobre el Congreso, el Poder Judicial y hasta el Tribunal Constitucional (TC). Algunos fiscales han visto sus procesos descalificados o vueltos a fojas cero, como los de Keiko Fujimori, en medio de su permanente predisposición a la persecución política, más que a la persecución del delito, como a la presunción de culpabilidad por sobre la presunción de inocencia.

Es igualmente expectante la actitud de la Junta Nacional de Justicia frente a la actual resistencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al fallo del TC que repone al magistrado Tomás Gálvez en su cargo de fiscal supremo.

El fantasma de la carcelería ronda los pasillos del ejercicio político más que los vericuetos del sicariato criminal. Vemos así casi imposible extraditar de Colombia al presunto cabecilla de los asesinatos en Pataz, Miguel Antonio Rodríguez, alias ‘Cuchillo’, que antes fuera capturado en flagrancia por la Policía Nacional y luego liberado por el Ministerio Público.