La congresista Adriana Tudela (Avanza País) acaba de dar marcha atrás en un proyecto de su autoría que buscaba “restablecer la vigencia indeterminada de los certificados de inspección técnica de seguridad”. Esto a raíz de las críticas por lo que hubiera significado esta fórmula en el contexto de la tragedia del Real Plaza de Trujillo que ha dejado seis familias en luto.
Este caso nos permite ahondar en una problemática poco abordada en el campo parlamentario: la legislación por especialidad. Es un problema de fondo –y mayoritario– que los congresistas apuesten por la cantidad antes que por la calidad en su producción legislativa, y eso los lleva a introducirse en materias ajenas a su rubro profesional, incurriendo muchas veces en distorsiones o, peor aún, siendo agentes de intereses externos (con o sin conocimiento de causa).
¿Esto quiere decir que un congresista no puede legislar más allá de su especialidad profesional? No, pues existen ejemplos de congresistas que no tenían una especialidad, pero supieron armar equipos para dicha tarea: Dos ejemplos no que me cansaré de repetir: Víctor Andrés García Belaunde, quien para meterse en temas económicos eligió de asesor principal a un economista; y Daniel Mora, quien armó un equipo multidisciplinario para elaborar la ley de reforma universitaria.
El tema de los certificados de inspección técnica de seguridad que se ha criticado en el proyecto de la congresista Tudela es algo que va más allá de lo legal (su rubro de experiencia) y lo económico (su exposición de motivos refiere a una carta de la Asociación de Bodegueros del Perú).
El proyecto de la legisladora de Avanza País había sido presentado en diciembre del 2024, pero seis meses antes la Comisión de Vivienda del Congreso ya había archivado una propuesta similar de la legisladora María del Carmen Alva, que proponía extender de dos a diez años la vigencia de los referidos certificados de inspección técnica.
Dicha propuesta se archivó debido a opiniones técnicas como la del Colegio de Ingenieros del Perú donde aseguraba que la propuesta era “contraproducente, ya que principalmente ocasiona el incremento de riesgos a las edificaciones y vidas humanas”. En el expediente de la Ley 31914, la cual también ha sido cuestionada en estos días, existe una opinión técnica de Indecopi que nunca fue tomada en cuenta, advirtiendo que, al no considerarse el vencimiento de los certificados de inspección técnica, existe “el riesgo de que dicho certificado pierda su carácter de obligatorio, reduciendo el grado de cumplimiento del deber de renovar este documento”.
Este es solo un ejemplo de cómo legislar sin especialidad y solo tomando aristas interesadas en una problemática, puede resultar muy peligroso. Sobre todo en un período donde se viene legislando a la loca, como las cifras lo demuestran con más de 10.000 iniciativas presentadas sin haber culminado el quinquenio, superando así a períodos anteriores: más de 8.000 en el 2016 al 2021, más de 5.000 en el 2011 al 2016, y más de 6.000 en el 2006 al 2001.
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