En el país de las maravillas

¿Cómo explicar la degradación política que vivimos en el Perú? Pero, más aún, ¿cómo explicar la falta de reacción de la ciudadanía y sobre todo de los líderes empresariales frente a lo que sucede en nuestro país? No se trata solo de la manifiesta incapacidad del gobierno de Dina Boluarte para resolver los serios problemas que enfrentamos, sino del uso del poder por las autoridades para beneficiarse de manera ilegal. El regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete es solo una muestra del abuso de poder de un gobierno que no tiene legitimidad y que, sin embargo, es sostenido por una élite empresarial a la que lo único que le importa es que no le toquen el modelo económico.

¿Cómo aceptar una clase política mafiosa que no sabe lo que es el bien común y que solo responde a los intereses de quienes les ponen plata por delante? ¿Cuántas mentiras que disfrazan la corrupción estamos dispuestos a tolerar? Hemos normalizado que personas que no tienen la calidad profesional ni la idoneidad ética y moral accedan a los puestos más altos del poder y lo justificamos amparándonos en el principio de inocencia. Y, entonces, es aceptable que alguien que tenía una investigación judicial por violación sexual sea elegido presidente del Congreso. Es válido que quienes tienen acusaciones por corrupción postulen y accedan a gobiernos locales y subnacionales, y que uno de los ‘Niños’ del gobierno de Pedro Castillo presida hoy las comisiones de Fiscalización y Ética del Congreso. Y, en el colmo del absurdo, un exministro que no solo fue censurado, sino que además es investigado por el Poder Judicial por actos de corrupción y tráfico de influencias, que tiene impedimento de salida del país, sea nombrado ministro de Justicia.

Existe un claro problema de administración del poder y de acceso a las instituciones políticas y económicas. Los ciudadanos, sobre todo los más pobres del país, son los principales afectados por los abusos de las autoridades, que creen estar por encima de la ley. Los puestos públicos no son ni deben ser tratados como un botín. No es el derecho de una persona presidir un poder del Estado ni acceder a un puesto público. Las autoridades tienen la obligación de servir a los ciudadanos y de responder frente a sus actos. Pero en nuestro país la rendición de cuentas y la justicia son una burla. Y lo seguirán siendo en la medida en que los líderes de este país no levanten la voz, pero, sobre todo, se involucren en generar un cambio.

Hoy en el Perú las autoridades no tienen legitimidad. La ley no se respeta y el abuso del poder y la corrupción se han convertido en el único mecanismo válido para operar. En un país donde se han perdido los principios, los valores y la ética, se ha perdido también la confianza de que el Perú es un país viable. No es gratuito entonces que ocho de cada 10 peruanos consideren que nuestra sociedad está rota, que existen divisiones profundas, grandes problemas estructurales y que las autoridades y las instituciones no les responden. ¿Cómo construir un país viable cuando la mayoría de sus ciudadanos se siente excluida e invisible, y quienes tienen el poder para cambiar las cosas, los líderes empresariales, no se sienten responsables?

¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos frente a una clase política que se burla de nosotros, que degrada a la sociedad y destruye todo lo que se había avanzado? ¿Podemos seguir callando confiados en que el futuro de nuestros hijos está fuera del país?