¿Cuáles son las fallas del sistema de educación superior en el Perú?

"La universidad pública en el Perú aún no está habituada en términos generales a invertir y desarrollar proyectos que la beneficien"

La realidad de la inversión y ejecución presupuestal de la universidad pública en el Perú no difiere mucho de lo que ocurre en los gobiernos locales y regionales. Según datos del MEF, el presupuesto público asignado en el 2024 a las 54 universidades licenciadas a escala nacional ascendió a S/7.459 millones, de los que se ejecutó (en gasto ordinario como de inversión) aproximadamente el 87,2% de fondos, quedando en las cuentas públicas cerca de S/1.000 millones sin gastar. Ello, a pesar de las múltiples necesidades que tienen las casas de estudio estatales a escala nacional. Las razones de esta situación son múltiples y podríamos ensayar las más comunes que, curiosamente, coinciden con las flaquezas de ejecución de los gobiernos subnacionales: trabas administrativas y burocráticas, falta de profesionales adecuados y falta de proyectos identificados, priorizados y proyectados.

Si miramos solo los montos de inversión en la ejecución del rubro proyectos, las universidades públicas en el 2024 ejecutaron en promedio el 76,7% de sus montos asignados. Las universidades que tuvieron peor desempeño fueron la Universidad de Arte Diego Quispe Tito de Cusco, con el 3,3% de ejecución (de S/5’453.711 asignados, apenas logró ejecutar S/178.140 soles) y las universidades nacionales del Callao, con una ejecución del 11,6%, y la Federico Villarreal de Lima, con el 21,2%, versus las nacionales de Barranca con el 99,9%, San Agustín con el 99%, y Juliaca con el 99,6%, con un mejor resultado general. Al 2025, el panorama no parece distinto y, nuevamente, estando a mitad de año, la Universidad Federico Villarreal apenas ha ejecutado el 0,3% de su presupuesto de inversión, seguida de la Universidad Nacional de Ucayali, con una ejecución del 0,9%, y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con el 1,3%, así como la Universidad Nacional del Callao con el 2,6% de ejecución.

Lo cierto es que se demuestra, una vez más, que al igual que ocurre con los gobiernos subnacionales, la universidad pública en el Perú aún no está habituada en términos generales a invertir y desarrollar proyectos que la beneficien y beneficien a los más de 350.000 estudiantes que reciben sus servicios educativos en ellas, a lo largo y ancho de todo el país.

"Lejos de fortalecer las universidades públicas, este año el Congreso les ha dado otro gran golpe".

Hace unos días, El Comercio publicó un informe en el que presentaron grandes ineficiencias en la gestión de la inversión pública por parte de las universidades nacionales: 40 de las 48 instituciones analizadas por Videnza al 31 de diciembre del 2024 tuvieron, en promedio, más de un año de retraso en sus proyectos y un 25% de sobrecosto con respecto a lo aprobado inicialmente, entre otros preocupantes hallazgos.

En parte, según comenta Jorge Mori, director de CAPPES, esto ha sido consecuencia de lo que generó la Ley 31250 del 2022 al otorgar un “restablecimiento de la autonomía” a las universidades. Esta Ley debilitó el rol rector del Ministerio de Educación y ha impedido planificar una estrategia unificada de la inversión pública en la educación superior con miras al cierre de brechas educativas, a través del aumento de vacantes y mejoramiento en la calidad de la educación. Ahora, cada universidad depende principalmente de su Oficina de Planeamiento, las cuales presentan grandes déficits técnicos. Muestra de ello, es el 100% de sobrecarga de proyectos con el que 19 universidades cerraron el año, es decir, con una cartera de proyectos sin ejecutar mayor al presupuesto otorgado para los siguientes cuatro años.

Lejos de fortalecer las universidades públicas, este año el Congreso les ha dado otro gran golpe: la aprobación de los proyectos de ley 3002, 3939, 4828, entre otros, que crearán 20 universidades nacionales, de modo que el presupuesto de las que hoy están en funcionamiento se restringirá considerablemente. ¿Las consecuencias? Profundizar aún más las dificultades con que operan las casas de estudio y generar nuevas ineficiencias en las universidades por implementar.

Lo que el Congreso parece no entender, es que el Estado cuenta con un presupuesto limitado y que las universidades nacionales dependen de recursos públicos, con todo lo que ello implica. Lo que la educación superior necesita es un fortalecimiento de sus entidades, tanto del Ministerio de Educación en su rol rector, como de las universidades, que no deben ser dejadas a la deriva.