Más mano dura

¿Se está haciendo suficiente en la lucha contra la extorsión y el sicariato?

Leo un comunicado de la PUCP sobre la inseguridad ciudadana que dice: “La sociedad peruana tiene el derecho de exigir soluciones [...] que se construyan desde el respeto irrestricto a la institucionalidad, el Estado de derecho y dentro de los cauces democráticos. No hay atajo autoritario que resuelva el problema”.

Estoy de acuerdo con no caer en un régimen autoritario, pero ¿de qué institucionalidad o Estado de derecho exactamente hablamos?

Vemos seis muertos diarios, 15 trabajadores de transporte público asesinados por no pagar cupos este año, el 60% de empresas de transporte público extorsionadas, 500 instituciones educativas también extorsionadas, etc. ¿Cuánto falta para que extorsionen al colegio donde asisten sus hijos, sobrinos o nietos?

Además, “no solo amenazan a los dueños de negocios o a los propietarios de las empresas de transporte: ahora disparan sin reparo contra niños, adultos mayores, pasajeros o comensales que simplemente se encuentran cerca de sus objetivos extorsivos” (El Comercio).

Es interesante escuchar voces, como las del periodista Paolo Benza, que propone que los sicarios y extorsionadores tengan menos derechos que el resto de criminales, revisar las garantías procesales cuando estas bloquean la lucha contra el crimen, crear cárceles de seguridad masiva donde los presos no vean la luz del sol, etc.

¿Cuánta reducción del debido proceso, presunción de inocencia y derechos humanos estamos dispuestos a ceder? Los defensores de derechos humanos responderán que ni un ápice, pero creo que sin empezar a tratarlos con una vara distinta que los desincentive a delinquir nada cambiará.

En la campaña que viene el tema central será cómo lidiar con la inseguridad ciudadana. Olvídense de grandes discusiones sobre la economía de mercado, los consensos, la nacionalización de empresas, los valores familiares o el enfoque de género. Todo esto pasará a un segundo o tercer plano.

De hecho, las encuestas indican que el 39% votaría por un presidente con mano dura para poner orden (Ipsos, 2025), el 62% afirma que prefiere un Estado duro antes que uno respetuoso con los derechos humanos (Ipsos, 2025), y el 55% apoyaría a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos de las personas (IEP, 2025). La adopción de políticas de mano dura es un clamor popular.

El popular Bukele lidera en El Salvador un gobierno autoritario que ha reducido sustancialmente la criminalidad (los homicidios pasaron de 106.8 por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 1,9 por cada 100.000 habitantes en el 2024, según datos del Gobierno de El Salvador).

Pero los medios adoptados han incluido un régimen de excepción que permite suspender los derechos humanos, detenciones masivas a todos los que tengan antecedentes y/o sean sospechosos de pertenecer a una pandilla, aumento de penas y reducción de edad de imputación desde los 12 años, trato violento física y psicológicamente a los presos, etc. Hablamos de reducir radicalmente el debido proceso, cambiar la presunción de inocencia casi por la de culpabilidad, y afectar los derechos humanos de los criminales y potenciales criminales.

Es evidente la importancia de aumentar las penas, reforzar la inteligencia policial y dictar medidas como la norma que establece que los policías que usen sus armas de forma reglamentaria no pueden ser objeto de detención preliminar ni prisión preventiva. ¿Pero esto bastará para desincentivar los crímenes?

Está claro que pasar a un esquema como el de El Salvador podría hacer que haya detenciones y tratos injustos, incluso de un familiar nuestro. Pero discutir cuántos derechos debieran tener los sicarios y extorsionadores debiera ser central en la campaña electoral, porque quizá el camino a seguir está en un punto medio entre el marco institucional actual y el modelo de El Salvador.